En el marco del debate por el proyecto que establece la cotización obligatoria de los trabajadores independientes, el diputado miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, Raúl Soto (DC), solicitó al gobierno establecer una mesa de trabajo que impulse una agenda de reconocimiento de derechos laborales para todos los trabajadores independientes y a honorarios, particularmente quienes pertenecen al sector público.
Al respecto, el diputado Soto lamentó la “profunda negativa” del gobierno, de postergar la cotización obligatoria para trabajadores independientes que comenzará a regir desde abril de 2019 y sostuvo que “era completamente innecesario apurar esta tramitación, sobre todo cuando estamos comenzando a discutir lo que va a ser la reforma previsional, la cual no sabemos cómo va a terminar o cómo va a salir de este Congreso, por lo tanto, es un poco apresurado obligar en estos momentos, obligar a cotizar a los trabajadores independientes”.
El parlamentario precisó que “ante esta falta de voluntad política y la negativa de poder postergar esta cotización, esto significa, en los hechos, un portazo en la cara del Ejecutivo a los trabajadores independientes y a los trabajadores a honorarios. Esto nos deja a los parlamentarios en una situación muy compleja porque, de no aprobarse el proyecto actual, que estamos tramitando y que establece una gradualidad de esta cotización obligatoria, finalmente regiría el proyecto original que ya está aprobado y que ha sido postergado en más de una oportunidad”.
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Finalmente, sostuvo que la petición al ministro del Trabajo para crear esta mesa es para convocar a “la Anef, a los sindicatos de trabajadores a honorarios del sector público, a los parlamentarios y que sea encabezada por el ministro del Trabajo y el ministro de Hacienda, que son quienes pueden tomar decisiones en esta materia, para que en un breve plazo podamos impulsar juntos una agenda de trabajo que permita generar los consensos políticos y técnicos para sacar adelante,proyectos de ley, mociones, mensajes y también políticas públicas que permitan que estos derechos laborales que hoy no tienen los trabajadores a honorario, en un futuro próximo sean garantizados y para que el Estado le dé respuesta a los trabajadores más precarizados del sector público».
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