Tras la polémica generada por el uso de viáticos tanto internacionales como nacionales, por parte de la Cámara Baja, el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, solicitó llegar hasta el tema de fondo y abordar la rebaja en la dieta parlamentaria, a través de un proyecto de ley de su autoría que fue presentado en junio.
El proyecto establece una reforma constitucional que propone la fijación de un tope para las remuneraciones de las autoridades que se desempeñen en la administración del Estado, en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial o en los órganos autónomos del Estado. A juicio de Soto, es el “momento indicado para su análisis, sobre todo en un contexto económico y social donde las brechas de desigualdad en nuestro país, siguen siendo tremendamente grandes y no hemos sido capaces de dar una respuesta efectiva como país a esa problemática, donde la concentración de la riqueza sigue siendo muy importante y donde existe una falta de credibilidad en la institucionalidad política y particularmente en el Congreso”.
Soto explicó que el límite ético se refiere a “diez sueldos promedios de los trabajadores y trabajadoras del país” y agregó que “hoy día el sueldo promedio nacional está en el orden de los $550.000 y creo razonable que el límite ético esté dado por no más allá de 10 sueldos del promedio nacional, es decir, alrededor de $5.500.000. Eso significa no solamente un techo ético, sino que también una rebaja efectiva considerable a los actuales sueldos de los parlamentarios, incluso una rebaja superior a las que propusieran hace años atrás parlamentarios del Frente Amplio”.
Asimismo, señaló que es hora de “dar señales de total y absoluta transparencia y cambiemos las regulaciones para que toda la información pública pueda ser accesible, que podamos regular de mejor manera controlar y fiscalizar de forma mucho más eficiente el uso de los recursos públicos”.