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Coordinan políticas públicas para trabajar con otras víctimas de violencia contra la mujer: Niños y adolescentes

LUNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2018
Publicado por

Carla Dinamarca Miranda


Con una Red de Asistencia a Víctimas (RAV) se busca potenciar los trabajos de las instituciones públicas es esta materia.


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Durante el año 2018, diez femicidios frustrados y dos femicidios consumados se registraron en la Región de O’Higgins. Si bien las víctimas directas de estos hechos han sido mujeres, en muchos de estos casos también existen niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por esta violencia extrema.

En este sentido, conocer el proceso de evaluación e intervención que transitan estas víctimas en delitos de género fue el objetivo de la presentación que Sename realizó a la mesa de la Red de Asistencia a Víctimas.

“Con motivo de conmemorarse el Día de la no violencia contra la mujer en noviembre, en la mesa de la Red de Atención a Víctimas (RAV) quisimos abordar la problemática de género desde el punto de vista de los niños, que son víctimas indirectas, invisibles, en casos de violencia extrema como los femicidios frustrados y consumados”, indicó el coordinador regional de Seguridad Pública, Rodrigo Acevedo.

Entre los principales acuerdos abordados en esta sesión especial de la RAV, estuvo visibilizar a nivel de red la pesquisa, existencia de medidas de protección e intervención especializada que estén recibiendo los niños, niñas y adolescentes para disminuir la victimización secundaria a la que podrían exponerse al repetir intervenciones por parte de distintas instituciones.

A través de mejores coordinaciones la RAV espera hacer más oportuna y expedita la comunicación entre instituciones para entregar una mejor atención a las víctimas de delitos.

Por su parte, la coordinadora del centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos de la provincia de Cachapoal, Carla Pérez Cornejo, explicó que “la atención en nuestro centro es voluntaria y a veces las mujeres se niegan a recibir la atención por diferentes razones. La pregunta es ¿qué pasa con esos niños? Por obligación tienen que estar enlazados a un programa especializado (…) Aunque la madre no quiera ser atendida, el niño tiene el derecho a recibir atención especializada”.


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