El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, junto al diputado Raúl Soto, ingresaron en la Contraloría una solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad de las actuaciones del Superintendente de Pensiones.
La medida se generó luego del fallo de la Corte de Apelaciones que, además de establecer la transparencia de los fondos de las AFPs, señaló que el superintendente de Pensiones “asumió la representación de los intereses de las entidades sujetas a su fiscalización, en lugar de defender los intereses del afectado.”
Tras ingresar la solicitud en Contraloría el diputado Soto explicó que “hemos venido a hacer un requerimiento para que se declare el actuar ilegal del superintendente Osvaldo Macías”.
El parlamentario agregó que “en un fallo histórico en contra de la superintendencia, se declaró que la información solicitada por el ciudadano Rodríguez tenía que ser entregada y que dice relación con toda aquella información que tienen las AFPs sobre la inversión que hacen con los ahorros de los chilenos”.
Por esa razón Soto recalcó que “creemos que el superintendente ha actuado de manera ilegítima, ilegal, al defender judicialmente a las empresas a las cuales está llamado a fiscalizar y con recursos públicos”.
Finalmente, el representante del distrito 15 en el Congreso recalcó que “pedimos que el contralor se pronuncie declarando su ilegalidad y, por lo tanto, no solo transparentar toda la información que no se ha querido entregar, sino que al mismo tiempo que se asuman las responsabilidades legales y políticas por parte del superintendente”.
En esa línea, sentenció que “lo que debe venir es que él (superintendente) dé un paso al costado, y se le debe solicitar su renuncia”.
Cabe señalar que la medida nace luego del fallo de la novena sala de la Corte de Apelaciones, la que resolvió a favor del ciudadano Rodríguez –quien realizó una serie de acciones para lograr acceder a “notas explicativas del 2002 al 2016 de los informes diarios” de las AFP, es decir al detalle de lo que las administradoras hacen con más de 200 mil millones de dólares de ahorro previsional de los chilenos- dejando en evidencia el proceder de la Superintendencia de Pensiones.
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