De forma inédita este jueves se realizó en la Tercera Comisaría de Rancagua la audiencia de formalización de los 52 contratistas, quienes fueron detenidos por desórdenes tras una manifestación en El Teniente. La totalidad de los trabajadores quedaron en libertad, sin cautelares, solo el presidente de Siteco, Jorge Peña, deberá firmar mensualmente tras la orden del Tribunal.
A las 09:30 horas se inició la audiencia de formalización en dependencias de Carabineros, oportunidad en que la fiscal Silvana Gómez relató que durante la mañana del miércoles un grupo de trabajadores en el sector de Maitenes, habría provocado daños a los buses que trasladaban a funcionarios de Codelco.
Para poder acreditar la participación de los detenidos, la fiscal señaló que cuentan con pruebas tales como la declaración de los funcionarios de Carabineros, de los choferes de los buses y el registro de las cámaras de los vehículos.
“El Ministerio Público lo que hace es buscar las responsabilidades de las personas independientemente de si tienen o no un cargo como dirigente sindical. Aquí las personas que cometieron los desórdenes además causaron los daños a los vehículos de la empresa», indicó la persecutora.
De los 52 detenidos solo el presidente de Siteco, Jorge Peña, quedó sujeto a medidas cautelares por parte del Tribunal de Rancagua. Por orden del magistrado deberá firmar mensualmente en la Primera Comisaría, mientras se extienda la investigación, que quedó fijada en 70 días.
Respecto a esta situación, la fiscal explicó que “la persona que quedó con medidas cautelares cometió dos delitos. En definitiva él fue formalizado por desórdenes públicos y además por daños. Por eso. respecto de él, el tribunal estimó que habían más antecedentes”.
Detención ilegal
Durante la audiencia de formalización la defensa de los trabajadores alegó que la detención fue ilegal, argumentando que la Fiscalía no contaba con los antecedentes necesarios y la precisión para determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados en los supuestos desórdenes.
“Para poder determinar la legalidad de una detención primero se debe determinar la existencia de un delito y la participación. Se acusó por desórdenes públicos, discutimos que ese delito no es posible en el lugar que se produce y materialmente todo los trabajadores que caminaban por la berma no hacen absolutamente nada”, indicó el abogado Cristian Godoy.
A esto agregó que tras «estamos tranquilos porque no hay pruebas que justifique los delitos y la participación de los trabajadores”.
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