Los reparos al proyecto de ley que busca impulsar la castración química de violadores en Chile

Publicado el 20 agosto, 2018 Por Patricio Hernández

La medida, impulsada por la diputada RN Camila Flores, busca castigar a los condenados por violación de menores.

Castrar químicamente a violadores de menores es el objetivo del proyecto cuya discusión pretende reimpulsar en el Congreso la diputada Camila Flores (RN). La autora original de la iniciativa -que no prosperó en 2014- fue la ahora intendenta de la región Metropolitana, Karla Rubilar. “Queremos que existan medidas que no solo inhabiliten a los violadores de seguir cometiendo delitos, sino que tengan sanciones ejemplificadoras”, manifestó en aquel entonces la autoridad.

Sin embargo, según el experto en historia del derecho y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Cristóbal García-Huidobro, la castración como medida sancionatoria, aunque sea química, responde a una forma de concebir la justicia utilizando lógicas del pasado. “Este tipo de penas de carácter corporal, como la castración química, difícilmente tienen asidero en el derecho actual. Recuerdan penas en otros países del mundo, relativas al cercenamiento”, afirmó.

En esa línea, el académico argumentó que “una persona puede ser sancionada con la castración química para disminuir su deseo sexual. No obstante, no por eso la parafilia va a cambiar. Incluso, se puede mantener latente o derivar en otros trastornos peores”, además, agregó, “este tipo de medidas si no contempla un acompañamiento psiquiátrico y psicológico, no sirve de nada”.

Con estos antecedentes, el experto duda que la medida sea disuasiva. Por ello, señaló que en otros países como Estados Unidos se ha utilizado, pero sin mucho éxito. “No porque la pena sea más dura se cometen menos delitos y eso está muy comprobado en estudios de política criminal”, recalcó.

Finalmente, García-Huidobro detalló que la sanción que pretende reimpulsar la diputada Flores implicaría que todos los chilenos financien el tratamiento de abusadores de menores, ya que sería el Estado quien tendría que suministrar medicamentos para este efecto. “Aquí, no está primando una perspectiva jurídica ni política. Estamos pensando desde la lógica del impacto que producen estas normas extremadamente severas, que no logran necesariamente el resultado que se está buscando”, concluyó.

 

 

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