La muerte de Joaquín Fernández se hizo conocida por ser la primera víctima por ir en la calle supuestamente jugando Pokémon Go, sin embargo, con el tiempo su nombre dio un vuelco y es el protagonista de una masiva campaña que busca que los parlamentarios modifiquen la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ya que el presunto autor de su muerte es un joven de 16 años, quien actualmente se encuentra en internación provisoria.
Es por esta razón que durante la jornada de ayer la familia de Joaquín Fernández llegó hasta el Juzgado de Garantía de Rancagua para presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables de su muerte. Esta es la segunda acción judicial que se presenta en su nombre, ya que el viernes 29 de octubre la intendencia de O’Higgins presentó una en nombre del gobierno.
“Vinimos a interponer una querella criminal por el delito de robo calificado con homicidio, con la pretensión de la familia de que el menor responsable de la brutal muerte de Joaquín sea condenado al máximo de la pena que establece la Ley para un menor de 18 años, que en este caso son 10 años de prisión efectiva”, manifestó el abogado de la familia, Jaime silva.
Joaquín Fernández, de 18 años, falleció el 7 de septiembre cuando fue abordado por un sujeto para robarle su celular. El joven estudiante al oponer resistencia, para impedir que se lo llevaran, recibió una estocada en su cuerpo, quedando tendido en el lugar mientras el autor del robo se daba a la fuga, falleciendo mientras era estabilizado en el Hospital Regional de Rancagua.
Movimiento “Justicia para Joaquín”
Si bien el caso se encuentra en pleno proceso de investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), de forma paralela nació un movimiento que busca llegar al Congreso para que los parlamentarios modifiquen la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolecente y así los menores que cometan delitos de esta índole sean sentenciado a penas más duras.
“Yo creo que el Estado debería hacerse cargo de los niños que están en forma vulnerable cuando hay familias que no se han hecho cargo de ellos, de ahí parte todo este tema que nos está afectando como ciudadanía. El caso de Joaquín es uno más de muchos que han quedado en silencio y no han encontrado la justicia como quieren”, manifestó el padre de la víctima, Gabriel Fernández.
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