El 20 de septiembre el presidente Sebastián Piñera, acompañado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmó el proyecto de ley “Aula Segura”, el cual busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia.
Sin embargo, a principios de octubre la Comisión de Constitución del Senado resolvió -por tres votos contra dos- declarar inconstitucional el proyecto, determinando que la iniciativa presentada por el mandatario no cumpliría con las garantías mínimas del debido proceso, considerándola como inconstitucional.
Pese a esto, el presidente regional de Fide, Humberto Palma, se refirió a la iniciativa presentada por el gobierno, la cual si bien apuntan que necesita modificaciones, es necesaria para el efectivo proceso, ya que se ven a “manos atadas” por actos de violencia protagonizados por los alumnos.
“Nosotros hace tiempo que venimos haciendo ver un sentir, fundamentalmente en los profesores y apoderados, que tiene que ver con un tema de violencia, indisciplina y de cierto malestar que se está instalando en algunos colegios y que los profesores finalmente son los que la resienten y tienen esa sensación de esa cierta permisividad, si se puede llamar de alguna forma, o de un garantismo excesivo en lo que son derechos de algunos actores de la educación en desmedro de deberes”, indicó el presidente de Fide.
Agregó que “una comunidad educativa debe funcionar respetado los derechos de cada actor, pero también cada uno debe cumplir sus deberes, entonces nos parece inconcebible, por ejemplo, que profesores, asistentes de aulas, auxiliares sean vulnerados en sus derechos y que la autoridad parece que hace vista gorda a eso”.
Palma apuntó a que “quizás el proyecto haya que mejorarlo en su reglamentación para que el debido proceso esté garantizado”, luego que la Comisión de Constitución del Senado resolviera -por tres votos contra dos- declarar inconstitucional el proyecto.
Pese a esto indicó que la iniciativa es necesaria, ya que “no podemos desconocer la necesidad de regularizar esto, de normar y plantearnos a nosotros como sociedad educativa responsable, no solo como colegio, sino que como una sociedad que se hace cargo de esto. Es lamentable que gente que se dedica a educar a las futuras generaciones no tenga el respaldo de las autoridades o que quienes dirigen los colegios nos veamos con las manos atadas para poder intervenir en algunas situaciones”.
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