Gran controversia en el mundo político ha causado el proyecto de ley Aula Segura, impulsado por el Ejecutivo, el cual busca facultar a los directores de establecimientos educacionales a expulsar o cancelar la matrícula a alumnos involucrados en hechos de violencia y acortar de 25 a 5 días los plazos de expulsión.
El proyecto ha tenido el rechazo de los partidos de oposición por considerar que no ataca el problema de fondo y no resolvería el origen de la violencia en los estudiantes y fue declarado inconstitucional por el Senado el pasado 9 de octubre.
En ese contexto, uno de los diputados que ha mostrado una férrea defensa al proyecto es Diego Schalper (RN), ya que a su juicio sería de ayuda en “aquellas comunidades escolares donde una persona incurre en tal nivel de violencia que amedrenta al resto de la comunidad escolar”.
El diputado sostiene que “son muchos los casos en que profesores y alumnos nos dicen que algunos estudiantes los amedrentan en el caso de que cuenten las cosas que se realizan”.
Por lo cual plantea que “obviamente, hay que tener un trabajo de diálogo interno (en los establecimientos), pero hay que dar una señal muy muy clara de que ciertos niveles de violencia son intolerables”.
En ese sentido, el parlamentario recalca que es intolerable que alumnos tengan “porte o manipulación de bombas incendiarias, el porte o manipulación de armas o la agresión con lesiones para profesores, auxiliares o eventualmente personas asistentes de la educación”.
Por lo cual “independiente de lo que haya que hacer en educación, tenemos que dar una señal de tolerancia cero a la violencia”, ya que “no es posible cometer ese nivel de actos de violencia en un colegio y, por lo tanto, el director tenga la atribución (de expulsar)”, enfatiza Schalper.
El legislador RN afirma que para lograr la reinserción es fundamental “dejar claro que ciertos niveles de violencia son intolerables y eso es precisamente lo que busca el proyecto Aula Segura”.
Tras ser declarado inconstitucional, el proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara Alta.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, pidió al parlamento actuar con celeridad en la tramitación de la ley: “Todos sabemos que cuando el Congreso quiere sacar una ley con prontitud, se las arregla, se trabaja con bastante diligencia y ese es el llamado que hacemos hoy día a todos”, expresó.
El gobierno le puso suma urgencia, por lo que la comisión tiene 15 días para tramitarla y enviarla a la sala del Senado.
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