Con el objetivo de solucionar las carencias y necesidades de los distintos grupos vulnerables, el gobierno convocó a actores sociales, como representantes del mundo académico, de organizaciones civiles y del sector empresarial, para conformar mesas de trabajo, las que deberán diseñar propuestas de políticas públicas para aportar a la población en situación de pobreza.
La iniciativa será presidida por un ministro de Estado, quien liderará las mesas intersectoriales. Al respecto, la seremi de Gobierno, Milena Acevedo, recalcó que la medida busca alcanzar el desarrollo integral. “No se depende solo del ingreso para caer en el margen de la pobreza, existen múltiples factores, como no tener acceso a la educación, no tener una vivienda, salud y todas las desigualdades que hoy nos vemos enfrentados como ciudadanos”, detalló la autoridad.
Por su parte, la seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro, enfatizó que “tenemos un enorme desafío como Estado”. Por ello, llamó a “todas las instituciones que trabajan con las políticas públicas para que nos hagamos cargo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social tenemos la gran responsabilidad de avanzar en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran postrados y solos, en personas en situación de calle, en niños y niñas que están en dependencias del Sename, en personas discapacitadas que viven con dependencia severa”.
Cabe consignar que el plan ‘Compromiso País’ se enfocará en 16 grupos vulnerables. En primera instancia se incluyen más de 70 mil niños y adolescentes de entre 5 y 18 años que no asisten a un colegio.
También se agregará a casi cinco millones de chilenos mayores de 18 años que no tienen escolaridad completa, y más de 11 mil personas en listas de espera AUGE/GES y con garantía de oportunidad vencida.
Otro foco de programa son las cerca de 43 mil familias que aún viven en campamentos; 480 mil personas que viven en condiciones de hacinamiento; 435 mil chilenos mayores de edad que están sin empleo, buscan trabajo por tres meses o más o no cuentan con un contrato laboral, pertenecientes al 40% más pobre.
También se considerarán casi medio millón de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que además se encuentran sin ingresos propios; más de seis mil niños y adolescentes que están en residencias bajo protección del Sename; las 100 mil personas que están en el sistema penitenciario sin acceso a programas de rehabilitación y capacitación.
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