El próximo 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dará a conocer el fallo por la demanda marítima que interpuso Bolivia.
En este sentido, por estos días, distintos personeros del gobierno de Sebastián Piñera han llevado a cabo una serie de reuniones con representantes del oficialismo y de la oposición con el objetivo de analizar los posibles escenarios a los que se podría enfrentar Chile tras el dictamen de La Haya.
Bolivia, básicamente, en su demanda pide que la CIJ obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar con el país altiplánico.
Y de cara al lunes, en La Moneda barajan tres escenarios probables: Que el tribunal rechace la petición boliviana; que acepte la demanda de Palacio Quemado o que estime una solución intermedia que invite a las partes a negociar de buena fe.
Ad portas de este fallo, y en medio de los diversos escenarios que se podrían generar tras el dictamen de La Haya, los distintos actores del país deben dar una señal clara de que este tema se enfrentará con unidad.
En esta materia no hay espacio para una doble lectura o dos discursos dentro del país. Porque los temas de carácter internacional o que afecten la soberanía de Chile se debe enfrentar como una política de Estado, con responsabilidad, pensando siempre en el interés superior de Chile.
Desde que se interpuso la demanda marítima en La Haya, Chile ha demostrado su apego irrestricto al derecho internacional y a los tratados vigentes, como ejes claves de su política exterior. Y la defensa chilena en la CIJ se ha basado en argumentos jurídicos sólidos que demuestran que no existe fundamento jurídico en la demanda boliviana y que tampoco existen temas limítrofes pendientes con Bolivia.
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