En el marco de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público contra una serie de sacerdotes acusados de abusos sexuales y encubrimiento, el diputado DC, Raúl Soto, emplazó al gobierno a tomar un “rol protagónico para evitar espacios de impunidad en materia de abusos sexuales a menores”, recalcando que el Estado debe otorgar urgencia al proyecto que establece el deber de denuncia por parte de sacerdotes y miembros del clero, sumando cárcel para encubridores.
En ese sentido, el parlamentario recalcó que el gobierno “no puede ser un cómplice pasivo”, argumentando que “reconocemos la separación entre el Estado y la iglesia, sin duda alguna. Pero, cuando hay víctimas que son menores de edad, el Estado y el gobierno tienen que tener un rol protagónico en esta materia”.
Por ello, el parlamentario instó al Ejecutivo a “poner urgencia al proyecto de ley que presentamos hace varios meses, para establecer el deber de denuncia de parte de los sacerdotes cuando tomen conocimiento de un eventual abuso sexual y para disponer también su consecuencia penal a las penas de encubrimiento y, por lo tanto, con posibilidad de cárcel efectiva”.
Actualmente el proyecto que establece deber de denuncia por parte de sacerdotes y miembros del clero se encuentra en su primer trámite legislativo en la comisión de Constitución y según lo señalado por el diputado DC, “existe una gran transversalidad política para hacerlo avanzar, pero necesitamos que el ejecutivo tome partido en esta materia y no siga siendo un cómplice pasivo”.
“Esa es la única manera en la que podemos terminar con el encubrimiento, de terminar con la impunidad, vamos a hacer justicia y vamos a alcanzar la verdad para los cientos de niños abusados en nuestro país”, detalló.
El diputado por el distrito 15 se refirió también a las últimas salidas de autoridades de la Iglesia y reconoció que “tanto la expulsión de Cristian Precht y las renuncias de los obispos de San Felipe y Chillán, son pasos importantes, pero insuficientes”.
Por ello hizo un llamado a la Iglesia chilena a “transparentar y entregar toda la información que existe en materia de abusos cometidos por sacerdotes y miembros del clero, y deben irse todos quienes estén vinculados de forma directa o indirecta en estos hechos”.