Hace tan solo algunos días que el ministro Varela, quizás sin plena conciencia de ello, y sin lugar a dudas de una forma que algunos consideraron próxima a la estulticia política, prosaico tal vez, instaló de nuevo el debate por el financiamiento de la educación.
Concuerdo con quienes «rasgaron vestiduras»: una autoridad debe cuidar la forma y el fondo de sus comentarios. Sin embargo, no concuerdo con quienes sacrifican el fondo en función de las formas, menos aún en esta materia. Si Varela ha «metido el dedo en la llaga», miremos esa llaga antes que gangrene, si es que ya no lo ha hecho.
La Ley de Inclusión decretó el fin del lucro, puso fecha de término al financiamiento compartido (Ficom) y, en su lugar, comprometió un aporte por gratuidad para los colegios particulares subvencionados. Todo ello es muy bueno y loable, pues son medidas que apuntan a mayor justicia y equidad en la educación que queremos para el país. El problema aquí no es la argumentación de fondo, sino la forma ideológica en que se instaló el discurso en la ciudadanía.
La Reforma educacional de los últimos años se ha hecho a medida y a favor de la educación pública; y no solo eso, sino además en contra de la educación particular subvencionada. Y esto es muy grave, pues el Estado debe garantizar los mismos derechos para unos y otros estudiantes, pero no a través de declaraciones eufemísticas de los gobiernos, sino de las políticas que instala y de los recursos que aporta.
La ciudadanía debe saber que el Estado deriva más recursos públicos a la educación municipal que a la particular subvencionada, sin que exista ninguna justificación legal para ello. En promedio, por un estudiante de aquel sector se reciben cincuenta mil pesos más que por uno del subvencionado. Pero las exigencias de manutención, funcionamiento y administración de los colegios es la misma para todos. En otras palabras, en un claro ejercicio de eficacia, con menos recursos debemos «producir lo mismo».
Por otro lado, la mayoría de los colegios que aún opera con Ficom destina esos recursos a remuneraciones docentes. Ahora bien, en muchos casos el aporte prometido por gratuidad no cubrirá el total devengado por aquella vía. Entonces, llegado el día, esos colegios se verán enfrentados a graves escollos administrativo-financieros, pues no podrán bajar los sueldos a sus profesores, ni tampoco impetrar más recursos del Estado. ¿Entonces cuál será la solución? ¿Bingos, más cierre de colegios, o qué? La autoridad y los políticos tienen la palabra y las soluciones, que esperamos ya no sean ideológicas, sino éticamente discernidas y socialmente justas.
Humberto Palma Orellana
Presidente de Fide Sexta Región
Rector Colegio Amada Sofía-Coltauco
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