Se entiende por abuso del derecho un acto por el cual, con la apariencia de ser legítimo, se causa un daño a otra persona.
La anunciada acusación constitucional en contra de los ministros que integran la Sala Penal de la Corte Suprema, por haber dictado un fallo que no le gusta a un sector de nuestra política partidista, es un claro abuso del derecho, con grave daño a los afectados, al estado de derecho y a la democracia misma.
El acto, la acusación, se funda en normas constitucionales que permiten sustentarla en contra de los ministros de la Corte Suprema, por notable abandono de sus deberes. Hasta ahí, quienes pretenden ejercerla, aparecen amparados en el derecho y ejecutando un acto lícito.
La apariencia se cae a pedazos y el abuso salta a la vista, cuando el fundamento que se pretende darle a la acusación, haber fallado de una manera que estiman equivocada, vulnera la categórica prohibición que la Carta Magna establece en cuanto a que los poderes ejecutivo y legislativo no pueden entrometerse en los fundamentos jurídicos de los fallos. Calificar el contenido de los fallos significa que los otros poderes del Estado asumen para sí funciones judiciales, eso viola la separación de los poderes, la independencia judicial y la soberanía judicial, pilares del estado de derecho. Pretender destituir a jueces porque no fallan como lo quieren sus acusadores, es una aberración.
Agréguese a lo anterior la incoherencia: cuando se condena a militares por presuntos delitos violatorios de derechos humanos, por meras presunciones y con figuras carentes del más elemental sustento, como el secuestro permanente, por dar un ejemplo, la Corte Suprema es brillante, si les otorga a los condenados un simple beneficio de libertad condicional, que se le da hasta a los ‘cogoteros’, son malos jueces y deben ser destituidos. Otro horror.
Formular la acusación, sabiendo, o debiendo saber, como dice el Código Civil, su completa improcedencia, es un abuso del derecho. Más aún, los acusadores saben que no hay votos suficientes para aprobarla.
Entonces, el abuso del derecho alcanza proyecciones maliciosas: la anunciada acusación pretende amedrentar a los jueces, advertirles que no vuelvan a repetir su fallo, porque serán acusados, y deberán pasar las zozobras y malos ratos subsecuentes. Usar la ley para tales fines, es malicioso.
Como dijo un conocido comentarista nacional, todo juez está forzado a ser probo, a aplicar la ley con rectitud y sabiduría, pero no está forzado a ser héroe, a poner en riesgo su cargo, a ser quemado en la plaza pública, a pasar malos ratos y ser humillado. Eso no le corresponde, eso puede forzar su voluntad, y hacia eso apunta la infundada acusación.
Confiamos que esta torpe manera de hacer política, con intolerancia suma, no prospere y triunfen la razón y la buena fe.
Mario Barrientos Ossa
Abogado
Magíster en Derecho U. de Chile
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