La Junta de Vigilancia del Río Cachapoal entregó a la Dirección General de Aguas (DGA) una investigación que comprueba que al menos diez empresas extraen áridos ilegalmente del cauce del río Cachapoal.
Las empresas corresponden a los municipios de Rancagua, Olivar, Requínoa y Machalí. Esta última comuna es la única que mantiene dos permisos vigentes a empresas extractoras, aunque la Junta no tiene la información suficiente para determinar si estas empresas cumplen o no con el proyecto aprobado por la comuna.
El informe lo que persigue es, primero, cumplir con las disposiciones del Código de Aguas -las últimas modificaciones- en el sentido de que las juntas de vigilancia están obligadas por ley de efectuar ante la Dirección General de Aguas las denuncias correspondientes frente a extracciones de áridos que se estime que puedan ser ilegales.
El documento es el resultado de las visitas efectuadas a la primera sección del río Cachapoal, realizadas a las faenas extractivas de áridos, en noviembre de 2017, en febrero y junio de 2018, recorridos efectuados por representantes de la Junta de Vigilancia del Río Cachapoal Primera Sección y sus Afluentes, y funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente que actúan como ministros de fe de la inspección.
La Dirección General de Aguas estuvo informada de esta investigación y contribuyó aportando material para completar la información.
El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Cachapoal, Robert Hilliard, explica que “se detectó que hay 12 empresas que están extrayendo en el cauce del río Cachapoal entre la naciente y Punta de Cortés, primera sección. De esas empresas, una tiene los permisos de impacto ambiental y dos tienen los permisos de la DOH y de las municipalidades correspondientes y el resto nada, sin ningún tipo de permiso, visación o control”.
En efecto, el informe establece que la única municipalidad que mantiene permisos vigentes es la de Machalí (Melón SA y Caneche).
“Nuestra misión es efectuar la denuncia ante la DGA, es lo que hemos hecho. Ahora, el Estado a través de la Dirección, tomará las acciones que estime pertinentes”, sostiene Hilliard.
El dirigente explica que “nuestra pega no es fiscalizar, nosotros hicimos la pega de la detección del problema. Y esto lo hicimos, llevamos trabajando dos años casi, con la colaboración de la DGA y del Ministerio de Medio Ambiente, no la hicimos nosotros solos”.
Respecto de las consecuencias que este informe tenga, el presidente de la Junta de Vigilancia dice que “algo debiera pasar y eso es decisión del gobierno y podría ser que se concedan los permisos o se opte por decirles definitivamente que salgan del cauce”.
Robert Hilliard dice que la extracción ilegal de áridos genera consecuencias negativas, sobre todo cuando se rellenan esos espacios donde se sacó material. “Es una mezcla de áridos, de piedras, de rocas, de arena; el río rellena su cauce. Entonces llega un momento en que lo rellena tanto que el río se va para la parte más baja y cambia de cauce. Eso se llama meandrización”, precisa.
Añade que “cuando el río se trabaja sin plan de manejo se saca lo que se quiere y no necesariamente lo que se hace es lo que se debe hacer, entonces eso trae riesgos. A nosotros como organizaciones de usuarios nos pueden dejar colgadas las bocatomas, ¿qué quiere decir esto? que la bocatoma después de la extracción quedó tan alta que ya no le pueden echar agua”.
Agrega que “si yo saco muchas piedras aguas abajo de un puente se produce una cosa que se llama erosión retrógrada: el río trata de recuperar su cauce, entonces arrastra las piedras de arriba para abajo y el puente puede quedar colgando. Eso es lo que puede haber pasado en el sur (con el puente Cancura), se cayó porque se le quedaron las bases al aire”.
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