El juicio justo y la situación del alcalde

Publicado el 10 julio, 2018 Por Columna de Opinión

Si a un ciudadano se le preguntara si los Derechos Humanos deben ser respetados por todos, la inmensa mayoría criteriosa diría que, por cierto, deben ser cumplidos y observados por moros y cristianos; las autoridades y el pueblo, todos esos derechos sin excepción; los que se plasman en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; […]

Si a un ciudadano se le preguntara si los Derechos Humanos deben ser respetados por todos, la inmensa mayoría criteriosa diría que, por cierto, deben ser cumplidos y observados por moros y cristianos; las autoridades y el pueblo, todos esos derechos sin excepción; los que se plasman en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; en la Constitución Política y en algunos textos internacionales.

Reza el artículo 4 del Código Procesal Penal: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal, en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.”

¿El juicio justo y el principio de inocencia son Derechos Humanos?, evidentemente, y si encadenamos este razonamiento al anterior, nos preguntamos ¿quién debe cumplirlos?, pues bien, dirían muchos, el Estado a través de sus instituciones y medios.

Pues no es así, el juicio justo, como el deber de respetar la vida y la libertad de los demás, lo cumplimos todos, absolutamente todos, monarcas y súbditos, pues si creemos que sólo a los jueces les compete aplicar el racional y justo procedimiento, a lo máximo a las policías, fiscales y defensores; el derecho a la justicia se convierte en letra muerta y el derecho a la presunción de inocencia, en un saludo a la bandera.

Los hechos que conmocionan al municipio de Rancagua constituyen un permanente “Trending Topic”, y no me deja de impresionar cómo en las redes sociales se insulta a las personas imputadas de eventuales delitos, con una virulencia que va más allá de lo razonable.

Es muy cómodo ser enjuiciador, de hecho, todos lo somos y es parte de la cultura de la vulgaridad que reina en las redes sociales. Olvidarnos de la calidad de personas, de los demás, es así de fácil y visceral. Hacemos a cada rato lo mismo que esos opinólogos que abundan en la televisión todos los días frente al noticiario o el diario sensacionalista, nos olvidamos de que hay gente que paga caro esos insultos.

Si en el caso del municipio hubiera responsables de delitos penales, qué duda cabe que tarde o temprano, semanas más o menos, se determinará con prueba científica y más allá de toda duda razonable las culpas y el correspondiente castigo -pero- ¿si no fuera así? ¿Merece desde ya el alcalde tanta agresión y amenaza?

En nuestra región cada año un promedio de 160 personas pasan por el trámite de la prisión preventiva (se va a la cárcel mientras dura una investigación) durante meses, para luego recibir una sentencia de absolución, porque la denuncia era infundada, un reconocimiento de testigos estaba errado o la víctima simplemente mentía o no tuvo nunca la capacidad de reconocer a sus agresores. Tenemos innumerables casos que deberían enseñarnos a no emitir juicios tan drásticos y apresurados, pero, es difícil, lo reconozco.

Sin embargo, es nuestra obligación moral, social y religiosa (a quienes lo somos), prodigar justicia y ser justo comienza con nuestro juicio, (opinión o parecer, como dice el diccionario) ponderado y racional. Por lo que hemos de cumplir con ese derecho humano fundamental, tratando a todo acusado como inocente, hasta que un tribunal no señale una verdad jurídica contraria.

Alberto Ortega Jirón

Defensor Regional de O’Higgins

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