Un estudio elaborado por la Junta de Vigilancia del río Cachapoal reveló que al menos 10 empresas extraerían áridos de manera ilegal en la zona que comprende este afluente.
La situación ya fue informada a la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y viene a comprobar una situación que hace años se viene denunciando.
La situación ha estado en el foco de la atención de las autoridades, que reconocen cierta vulnerabilidad del sistema, donde una debilitada fiscalización atenta contra la normativa vigente.
En este sentido, se reconoce como una señal positiva que en abril pasado el Tribunal Ambiental de Santiago autorizó la detención de funcionamiento de las actividades extractivas que la empresa Áridos Cachapoal Ltda. realizaba en el río Cachapoal.
La medida fue solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al Tribunal Ambiental luego de constatar que la empresa estaba extrayendo áridos en zonas en las que no contaba con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Además, en aquellas en que sí estaba autorizada, no poseía los permisos ambientales sectoriales necesarios, además de otros incumplimientos ambientales.
Pero, según denuncia la Junta de Vigilancia del río Cachapoal, la extracción ilegal sigue siendo parte del paisaje.
Y para evitar esto, la fiscalización juega un papel fundamental. Y si las instituciones encargados de realizar esta labor no cuentan con la capacidad de inspeccionar de manera adecuada y efectiva, es necesario generar las herramientas legales que permitan regular esta situación.
La complejidad en la ilegalidad de la extracción de áridos no solo radica en que se está lucrando al margen de la normativa, sino que además, atenta con el medio ambiente, influyendo por ejemplo, de manera negativa en las condiciones del río, generando alteración del cauce, lo que podría traducirse en inundaciones en invierno.
A la larga incluso, puede provocar graves daños en obras de infraestructura como, por ejemplo, generando inestabilidad en los puentes, afectando las defensas fluviales, ductos o bocatomas.
Ante tal evidencia y la necesidad de regularizar la situación, sería un error de parte de las autoridades seguir excusándose en la falta de mecanismos o capacidades para fiscalizar.
La compleja situación detectada por la Junta de Vigilancia no puede pasar como un dato anecdótico más para las autoridades.
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