Hasta la Fiscalía Regional llegó el seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, solicitando que el organismo inicie una investigación tras descubrir una presunta irregularidad en una resolución que permitía el cambio de uso de suelo de un terreno en Santa Cruz.
Los hechos se remontan al pasado abril, cuando una persona llegó hasta las dependencias de la secretaría ministerial para solicitar una modificación en una resolución de cambio de uso de suelo para 24 lotes de 1.000 metros cuadrados -documento que habría permitido que el terreno pasara de ser agrícola a ser apto para construcción de viviendas- en el sector Chomedahue de la comuna de Santa Cruz.
La solicitud fue aceptada por el organismo ministerial. No obstante, al recopilar los antecedentes que desencadenaron en la aprobación de la resolución, se detectó que no existían respaldos del documento y que no se llevaron adelante los procedimientos para declarar el cambio de uso de suelo.
De esta manera, notaron que la aprobación de la resolución -que data del 2017 y se encontraba firmada y timbrada las autoridades de la época- habría sido conseguida por el particular de manera irregular, teniendo como prueba la falta de respaldo en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de la Seremía de Agricultura y del Serviu.
Con estos antecedentes, diario El Tipógrafo tomó contacto con el seremi de Agricultua, Joaquín Arriagada, quien reconoció el hecho y aseguró que desde la repartición se tomaron medidas que ayuden a esclarecer los hechos.
“En abril concurrió a esta Seremía un señor, para solicitar la rectificación de una resolución. Nosotros atendimos su requerimiento, pero en el intertanto, al revisar la resolución, nos dimos cuenta que no teníamos antecedentes de este caso en particular”, narró la autoridad.
El seremi explicó que “solicitamos a los organismos que intervienen en este proceso, que son el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio de Vivienda, a través del Serviu, antecedentes sobre esa propiedad en cuestión y su resolución”.
“Ellos contestaron que no tenían antecedentes. De hecho, se respondió que, con anterioridad, se había ingresado una solicitud y había sido declarada inadmisible, por lo cual, el último antecedente que había era ese”, agregó Arriagada.
Con estos antecedentes, la autoridad detalló que se tomaron las acciones pertinentes y recalcó que “ante una posible situación irregular, porque nos encontramos con una resolución timbrada y firmada, procedimos a juntar todos los antecedentes que disponíamos e hicimos una denuncia ante el Ministerio Público, para que determinen si es verídica o no esa resolución”.
Paralelamente, el seremi adelantó que “instruimos un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades administrativas al interior del Ministerio y solicitamos la participación del Consejo de Defensa del Estado en esta causa”.
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