Editorial: Un nuevo mártir en Carabineros

Publicado el 8 junio, 2018 Por Equipo de Corresponsales

En la ciudad de Cañete, en la región del Bío Bío, se realizará este viernes el funeral del cabo primero Óscar Galindo Saravia, quien falleció en medio de un operativo por el enfrentamiento entre bandas narco en la comuna de La Pintana. El principal sospechoso de este crimen es un adolescente de 17 años quien quedó […]

En la ciudad de Cañete, en la región del Bío Bío, se realizará este viernes el funeral del cabo primero Óscar Galindo Saravia, quien falleció en medio de un operativo por el enfrentamiento entre bandas narco en la comuna de La Pintana.
El principal sospechoso de este crimen es un adolescente de 17 años quien quedó en prisión preventiva e internación provisoria en un centro del Sename, tras ser formalizado junto a otros dos sujetos.

La muerte del mártir 1208 de Carabinero, integrante de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), ha conmocionado a la opinión pública y no debe quedar impune. Ese es el primer objetivo de una investigación que debe llegar hasta las últimas consecuencias para establecer responsables penales en este hecho.

Pero además, la muerte del cabo Galindo no debe ser en vano, tal como lo señaló el presidente Sebastián Piñera. Y en este sentido es clave avanzar en una legislación que permita reforzar la protección de los uniformados en su labor diaria.

Pero el asesinato del cabo primero reactivó otro debate. El que habla de reformar la Ley Penal Adolescente. Un tema que en esta región particularmente golpea en lo más intimó, ya que desde esta zona del país se ha liderado una lucha que permita modificar ciertos aspectos de esta legislación, tras la muerte del estudiante Joaquín Fernández  a manos de un menor de edad que quería robarle su celular.

Y hace pocos días, una mujer fue asesinada en su domicilio en La Reina a manos de un individuo de 18 años cuando entró a su casa a robar. Conocido como el ‘Chico Mono’, la primera detención de este delincuente había sido a los 13 años.

Tres casos que han conmocionado a la opinión pública y se transforman hoy en una bandera de lucha de quienes exigen, a quienes lideran las políticas públicas del país, a enviar una señal clara y potente de que el Estado garantizará el derecho de los chilenos a vivir en una sociedad segura y en paz, donde disminuya el miedo a sufrir un delito y donde las personas no solamente se sientan seguras cuando estén encerradas en sus casas, o se llenen de defensas, candados y alarmas.

Noticias Relacionadas

Columnas 20 junio, 2018

Cien días de gobierno