Desde hace un tiempo, los actores ligados al río Cachapoal vienen manifestando una preocupación ante las autoridades: la insuficiente fiscalización en la extracción de áridos, lo que podría estar generando una excesiva explotación del recursos.
En abril pasado, el Tribunal Ambiental de Santiago autorizó la detención de funcionamiento de las actividades extractivas que la empresa Áridos Cachapoal Ltda. realiza en el río Cachapoal.
La medida fue solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al Tribunal Ambiental luego de constatar que la empresa estaba extrayendo áridos en zonas en las que no contaba con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Además, en aquellas en que sí estaba autorizada, no poseía los permisos ambientales sectoriales necesarios, además de otros incumplimientos ambientales.
Todo esto, según la SMA, implicaba un riesgo ambiental, ya que estaría generando alteración del cauce del río Cachapoal, incluyendo la afectación de defensas fluviales y de las fundaciones del puente bypass en la zona.
En la actualidad son los municipios los encargados de autorizar la extracción de áridos, previa visación técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Pero la falta de fiscalización atenta contra el normal funcionamiento de esta actividad, generando la preocupación de distintos sectores de que existirían zonas donde la extracción sería mayor a la permitida. Lo anterior terminaría afectando el normal cauce del río, generando efectos adversos en materia medioambiental y en la infraestructura.
Una situación preocupante que obliga a las autoridades a llevar a cabo una acción aún más decidida en esta materia, entendiendo los problemas que se podrían generar ante una extracción de áridos fuera de la normativa. Y para ello es clave aunar esfuerzos que permitan finalmente una adecuada fiscalización de parte de los organismos competentes para revertir los daños que se están ocasionando producto de esta actividad.
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