El pasado abril, dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) llegaron hasta la Contraloría con el fin de esclarecer si el despido de seis funcionarios del Gobierno Regional de O’Higgins, que ocurrió tras asumir la administración del intendente Juan Manuel Masferrer, se ajustaba a derecho. A dos meses del hecho, el organismo contralor entregó su resolución.
Según el texto de Contraloría, el “término anticipado de convenio a honorarios que indica no se ajustó a derecho, por lo que el Gobierno Regional del Libertador Bernardo O’Higgins deberá reincorporar a los afectados”.
Los funcionarios despedidos fueron Karina Ponce, Ibania Reyes, Marcela Orrego, Vania Orrego, Jorge Palamara y Carlos Arellano, y, según el documento, en el caso de Ponce, fue informada de su desvinculación “a través de una carta, la cual carecía de fundamentación necesaria para justificar esa decisión”.
En cuanto a los funcionarios restantes, “fueron notificados de su desvinculación también mediante una carta, la cual solo señalaba que, de conformidad a las facultades que le otorga la ley, el señor intendente regional (Juan Manuel Masferrer) ponía término a sus convenios”.
En ese caso además, se informó -según el dictamen- que “no se consideraron vacaciones proporcionales y horas extraordinarias a compensar pendientes”, señalando además que los funcionarios “mantenían un vínculo de subordinación y dependencias, cumpliendo órdenes, horarios, algunos con responsabilidad en calidad de agente público, y que no tienen informes negativos de gestión en el tiempo desempeñado”.
De esta forma, la Contraloría resolvió que “la superioridad respectiva deberá dejar sin efecto la medida que dispuso el alejamiento de las señoras Karina Ponce, Ibania Reyes, Marcela Orrego, Vania Orrego, y de los señores Jorge Palamara y Carlos Arellano, reincorporándolos a sus funcionas e informando de ello a este órgano contralor en el plazo de 10 días contando desde la total tramitación del presente oficio”.
Además, el dictamen resuelve que “deberá pagar los montos acordados en esos contratos a contar de la data en que los afectados impugnaron su desvinculación ante esta institución de fiscalización, o bien, desde el día en que acrediten haberle reclamado al servicio por sus desvinculaciones, si fuere anterior, según corresponda, por cuanto desde ese momento se configura una situación de fuerza mayor que les impidió el ejercicio de sus labores, lo que justifica el pago de sus estipendias hasta su reincorporación”.
Diario El Tipógrafo se contactó con la Intendencia para conocer su posición frente a los hechos. No obstante, no hubo respuesta por parte de la autoridad.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas