Con el objetivo de coordinar proyectos y programas de diferentes públicos, este jueves se realizó la firma de convenio de la Mesa de Reinserción Social. En la oportunidad participaron Sence, Fosis, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Ministerio del Deporte, los cuales gestionan iniciativas de reinserción en los centros penitenciarios de adultos y menores de la Región, de manera de presentar una oferta nutrida y ordenadas a las personas infractoras de ley y privadas de libertad de la región.
El año 2005 se produjo el traslado de los reos desde la Cárcel de calle Lastarria (Rancagua) hasta el complejo penitenciario La Gonzalina, y si bien todos esperaban que las condiciones de habitabilidad –celda y baño privado, central de alimentación e incluso lavandería– mejorarían la calidad de vida de los penados, esta nueva distribución y la gran cantidad de horas de ocio y soledad hicieron que los índices de suicidio aumentaran considerablemente.
Es por ello que la entonces Defensora Regional, Paula Vial, comenzó a llevar algunas iniciativas deportivas y culturales a la cárcel de Rancagua con tal de “mantener ocupados” a los presos y rebajar los episodios de estrés, ansiedad y angustia, intervenciones que dieron resultado y que el año 2008, cuando asume la dirección de la Defensoría Alberto Ortega Jirón, se formaliza a través de la creación de esta Mesa para la Reinserción Social y de la firma de un convenio de colaboración que se ha reeditado en cada cambio de gobierno, para relevar el esfuerzo interinstitucional y el compromiso del Estado por dar nuevas oportunidades a los infractores de ley, tanto adultos como menores.
En la región hay más de 3 mil personas privadas de libertad, cifra que aumenta a 5 mil si se consideran las personas condenadas a penas remitidas. En el primer caso, se reparten en cuatro cárceles de adultos (Rengo, Peumo, Santa Cruz y Rancagua) y un centro de reclusión provisorio y cerrado, en Graneros.
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