Editorial: Ley de aborto en tres causales

Publicado el 11 mayo, 2018 Por Equipo de Corresponsales

Un duro revés sufrió el gobierno tras el pronunciamiento de Contraloría que declaró que no se “ajustaba a derecho” el protocolo de aborto elaborado por el Ministerio de Salud, que planteaba que instituciones privadas con convenios con el Estado podían acogerse a la objeción de conciencia. El aborto en tres causales generó controversia desde sus orígenes, […]

Un duro revés sufrió el gobierno tras el pronunciamiento de Contraloría que declaró que no se “ajustaba a derecho” el protocolo de aborto elaborado por el Ministerio de Salud, que planteaba que instituciones privadas con convenios con el Estado podían acogerse a la objeción de conciencia.

El aborto en tres causales generó controversia desde sus orígenes, con un debate valórico que incluyó distintos sectores de la sociedad chilena, y que terminó con la aprobación de una ley en el Parlamento que, posteriormente debió ser visada por el Tribunal Constitucional. A lo que se sumaron acciones judiciales de instituciones contrarias a aplicar la legislación.

Hoy, la Contraloría le da un duro golpe al ministro de Salud, quien ya había sido interpelado en esta materia y que, a juicio de la oposición, queda en una débil posición por encabezar un protocolo que finalmente no podrá llevarse a la práctica.

A pesar de que algunos alzaron las voces pidiendo la renuncia de Emilio Santelices, desde La Moneda salieron en su defensa. Y además, ratificaron que el Ministerio de Salud corregirá los cuestionamientos de Contraloría para elaborar un nuevo reglamento.

Por ello, desde la oposición lanzaron una nueva ofensiva: la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro de Salud. Chile Vamos respondió señalando que harían lo mismo con la ex secretaria de Estado, Carmen Castillo.

Un escenario que en materia política se ve complejo y enreda posible acuerdos futuros en otras materias. Pero en medio de posibles acusaciones constitucionales, solicitudes de renuncia y apoyos desde de La Moneda, no se debe perder el norte de la discusión: Establecer un protocolo apegado a la legislación y que permitir la correcta implementación de la ley.

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