Gendarmes condenados por tráfico al interior de la cárcel podrán cumplir pena en libertad

Publicado el 16 abril, 2018 Por Carla Dinamarca Miranda

Los ex uniformados fueron sentenciados a cinco años de libertad vigilada intensiva, mientras que una pareja fue condenada a la misma pena, por tres años.

Rafael Alejandro Opazo Verdejo y Bernardo Eugenio Contalba Sepúlveda, ex funcionarios de Gendarmería, y Juan Eduardo Camus Gatica y Camila Paz Sanhueza Ariz, fueron condenados por el Tribunal de Juicio Oral de Rancagua tras acreditar su participación en el tráfico de drogas al interior del penal de La Gonzalina.

Los funcionarios deberán cumplir una pena de cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, mientras que la pareja recibió la misma sentencia, pero por tres años, por los ilícitos perpetrados entre 2016 y 2017.

En fallo unánime el tribunal integrado por las magistradas Paulina Chaparro, Gladys Medina y Alejandra Besoaín, logró acreditar que los funcionarios de Gendarmería, Rafael Opazo y Bernardo Contalba, quienes desempeñaban sus funciones al interior del penal La Gonzalina, ingresaban la droga tras contactarse con el dueño de un kiosco ubicado en las afueras del recinto penitenciario, que pertenecía a uno de los acusados, quien le entregaba la mercancía para internar al penal.

Fue así como una investigación logró acreditar el hecho, logrando los policías detener a la acusada, Camila Sanhueza, cuando llegó a las afueras de La Gonzalina, y tomó contacto con Juan Camus para recibir una encomienda: una bolsa que contenía una caja de celular, la que en su interior tenía un paquete con cocaína base con un peso aproximado a los 200 gramos.

Los ex uniformados, Rafael Alejandro Opazo Verdejo y Bernardo Eugenio Contalba Sepúlveda, fueron condenados además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de condenas, más el pago de las costas del proceso.

Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

 

 

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