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Ex autoridades de gobierno de Bachelet critican duramente modificación a ley de aborto en tres causales

LUNES, 23 DE ABRIL DE 2018
Publicado por

Equipo de Corresponsales


Critican objeción de conciencia profesional e institucional establecida en la ley.


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Un fuerte rechazo a la utilización por parte del Gobierno de decretos para modificar el reglamento de la objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales manifestaron mujeres ex autoridades del Gobierno de la Presidenta Bachelet en nuestra región, ya que según explica, este mecanismo modifica administrativamente una ley que fue votada democrática y mayoritariamente en el Congreso Nacional.

Así lo ratificaron en un comunicado la ex Intendenta Morín Contreras; la ex Gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia; la ex Gobernadora de Cardenal Caro e Intendenta, Teresa Núñez; la ex seremi de Obras Públicas, Natalia Sánchez, y  la ex seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Zamorano junto a representantes de organizaciones sindicales y del mundo académico.

Fue precisamente esta última quien expresó que esta modificación “impide que nuestra ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales pueda ser ejercida libremente por las mujeres más necesitadas y se encuentran atravesando estas tres causales tan dificultosas”.

Zamorano añadió que “creemos que la utilización de vías administrativas para borrar y limitar el ejercicio libre de este derecho alcanzado por parte de las mujeres es justamente preocupante y permite que toda la discusión parlamentaria quede en nada”.

La ex seremi de la Mujer planteó que “se espera también que las autoridades pertinentes en la región tomen las medidas necesarias, en relación a las objeciones de conciencia presentadas por facultativos en Hospitales Públicos, para que las mujeres de la región ejerzan su derechos en los principales hospitales regionales”.

Por su parte, América Hidalgo, de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, enfatizó que “nos parece gravísimo que hoy se les esté dando facultades a las instituciones para negar una prestación que fue debidamente zanjada en el Gobierno anterior y promulgada como una ley”.

Por lo cual, a su juicio “se ha borrado con el codo todo lo que se ha firmado. Fue un debate largo y amplio y que hoy este acto administrativo lo venga a revertir nos parece gravísimo”, enfatizó Hidalgo.

 

 

 

 


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