Hace unas semanas, representantes de la Anef interpusieron una denuncia en la Contraloría por presuntos despidos injustificados en el Gobierno Regional de O’Higgins.
La medida fue duramente criticada por personeros de Chile Vamos; ante lo cual el presidente regional de la Anef, Juan Rozas, debió salir al paso de los cuestionamientos.
“Lamento bastante los dichos tanto del senador (Alejandro) García-Huidobro, como del presidente regional de la UDI, Ricardo Guzmán; especialmente por el hecho de que el día 12 (de abril) nosotros presentamos ante Contraloría una denuncia a las prácticas que se estaban dando en el Gobierno Regional con los despidos”, comenzó diciendo el dirigente.
Ante los cuestionamientos de los representantes de la UDI, quienes argumentaron que la organización de trabajadores no actuó de la misma forma cuando asumió el gobierno de Michelle Bachelet en 2014, Juan Rozas recalcó que “nosotros, independiente del color político y de la persona, defendemos principios y nos ajustamos a las normas y leyes. Y desde ahí comienza nuestra defensa”.
“Cuando ellos no argumentan ningún elemento técnico y solo hay una descalificación, de que yo no me hice parte el 2014, están tremendamente equivocados”, recalcó el presidente regional de Anef.
Sin embargo, el dirigente recalcó que “estamos en el 2018. Lo que pasó el 2014 y el 2010 son cosas totalmente diferentes. Por eso, nosotros como Anef hemos sido consecuentes permanentemente y no hay sesgo político. Hemos defendido a todas las personas por el principio de la estabilidad laboral”.
Respecto a las acusaciones de que habría funcionarios en el actual Gobierno Regional que serían operadores políticos con militancias en partidos de la ex Nueva Mayoría, Rozas recalcó que “aun no entiendo el concepto de operador político que manejan. Hoy, los funcionarios públicos solo se pueden enmarcar dentro de lo que establece la ley”.
En esa insistió: «Invito a los parlamentarios a decir quiénes son los que hacen proselitismo político, porque tampoco se puede perseguir a los trabajadores del sector público por pensar diferente o militar en un partido político, porque si no, van en contra de la Constitución Política”.
“La Contraloría ha establecido que los cargos de confianza son el primer y segundo nivel jerárquico: jefes y asesores de Gabinete de los ministros, subsecretarios y jefes de servicios. Hasta ahí la Contraloría ha dicho que son cargos de confianza. Pero no es un cargo de confianza un profesional o un técnico, secretaria o administrativo que llevan 12 o 15 años”, agregó.
“Nosotros vamos a defender a los trabajadores que están dentro del marco de la ley. Pero no me pueden decir que soy un operador político prácticamente, porque estoy defendiendo a gente que tiene un pensamiento diferente”, finalizó.
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