¿Permanencia de directores regionales?: Parlamentarios oficialistas reaccionan ante esta posibilidad

Publicado el 14 marzo, 2018 Por Jaime Castañeda

Mientras el diputado UDI Javier Macaya argumenta que debe haber apego a la ley, el RN Diego Schalper sostiene que hay funcionarios que "se están atrincherando en sus contratos".

Antes de asumir el gobierno de Sebastián Piñera, al interior de Chile Vamos en la Región de O’Higgins se manejaba la información de que algunos directores de servicio que vienen de la administración Bachelet no pensaban renunciar a sus cargos, amparados en la ley de Alta Dirección Pública.

Es que de acuerdo a este cuerpo legal la nueva administración tiene derecho a poner directivos de confianza en áreas claves para su gestión, pero los profesionales que accedieron a cargos por concurso y mérito pueden ser removidos solo cuando hay razones fundadas y evaluadas por organismos competentes.

Sin embargo, en la centroderecha hay quienes no esconden su disgusto con que personas afines a la Nueva Mayoría continúen en cargos directivos de servicios públicos.

Al respecto, el diputado Diego Schalper (RN) explica que “el proceso de selección de Alta Dirección Pública lo que busca es asegurar un mínimo estándar de mérito y de profesionalismo a cargos de confianza, pero en ningún caso ha sido creado para transformarse en una camisa de fuerza en caso de cambio de gobierno”.

Añade que “acá lo que están haciendo es pervertir el sistema de Alta Dirección Pública y lo que corresponde a personas que están en cargos que claramente tienen que ver con lineamientos estratégicos de un gobierno en particular es que no sea necesario pedirles la renuncia, sino que más bien renuncien en el acto”.

Schalper dice que “en la práctica, lo que quieran estas personas es que se les despida, ¿para qué? para negociar indemnización. Eso es tan mezquino, porque acá no es una empresa que en el fondo está relacionándose con unos trabajadores, aquí estamos hablando de los recursos de todos los chilenos”.

El legislador del distrito 15 expresa que se trata de “personas que se están atrincherando en sus contratos” y que “perjudican a los ciudadanos, porque parte del presupuesto hay que destinarlo a financiar indemnizaciones por personas que no tienen la deferencia de renunciar a sus cargos en desmedro de los beneficiarios del gobierno, entonces es una cosa muy triste lo que está pasando”.

Con evidente molestia precisa que “en cualquier país del mundo relativamente normal esto ni siquiera debiésemos estarlo conversando, esto a mí me tiene muy enojado porque tener hoy día que estar viendo las estrategias para poder liberar cargos, que a todas luces son de confianza, es muy triste”.

Por su parte, el diputado UDI Javier Macaya apela a lo que los propios parlamentarios aprobaron. “En esta materia tiene que regir estrictamente lo que señala la ley, y lo digo habiendo participado en la discusión de la legislación de Alta Dirección Pública”, sostiene. El parlamentario considera “importante profundizar el ingreso a la dirección pública por mérito y no por tanto cuoteo político, y la ley de Alta Dirección Pública que se reformó pocos días atrás tiene que ser respetada”.

No obstante, plantea que “la posibilidad de renunciar o no a un gobierno en el cual uno no tenga afinidad ideológica tiene que estar en el marco de las convicciones más profundas de las personas que trabajan en el gobierno”. En este sentido recuerda que “a fines del gobierno del presidente Sebastián Piñera, el año 2014, muchas personas que estaban por Alta Dirección Pública tomaron la decisión de renunciar. Recuerdo al director de Indap, al de Serviu, entre otros, quienes fueron los que tomaron voluntariamente esa decisión”.

Pero Macaya insiste en poner el acento en lo dice la legislación: “Lo que rige en esta materia es la ley, y si finalmente las personas, más allá de tener discrepancias ideológicas con el gobierno que asume, deciden permanecer, son justamente las herramientas legales las que priman y tendrán que cumplirse los protocolos que establece la ley y finalmente si los funcionarios son mal evaluados después se les pide la renuncia”.

Cabe mencionar que la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, el año 2003, introdujo un filtro de mérito en la nominación de las jefaturas de servicios y otros cargos, evitando que personas no calificadas (“operadores políticos”) ocuparan puestos directivos en el sector público.

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