Diputado Macaya estudia acusación constitucional por designación de ex fiscal del caso Caval como notario

Publicado el 8 marzo, 2018 Por Equipo de Corresponsales

El parlamentario señaló que el gobierno "está haciendo cosas de última hora, entre gallos y medianoche"

La decisión del ministro de Justicia, Jaime Campos, de designar al ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando, en la provincia de Colchagua, sigue generando polémica.

Desde Chile Vamos, el diputado Javier Macaya no descarta acusar constitucionalmente a la autoridad del gobierno de Michelle Bachelet.

El parlamentario electo por el distrito 15 en la región de O’Higgins y también jefe de la bancada de los diputados UDI, se refirió a este tema en el diario La Segunda, donde señaló que Jaime Campos, “tendrá que responder” por esta nominación.

“Está haciendo cosas de última hora, entre gallos y medianoche”, acusó Macaya, quien insiste en que el ministro Campos “va a tener que responder por todo esto”.

En las últimas horas, ha trascendido que, en un primer momento, el elegido para la plaza de San Fernando había sido el defensor regional de O’Higgins, Alberto Ortega, pero que finalmente el ministro de Justicia habría cambiado su decisión por presiones desde La Moneda.

El ministro de Justicia debió elegir entre una terna propuesta por la Corte de Apelaciones y que integraban Isabel Chadwick, que cumple de notaria en San Vicente de Tagua Tagua; Luis Toledo, jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas del Ministerio Público; y el defensor regional, Alberto Ortega.

En medio de la polémica, el fiscal Luis Toledo señaló que “el poder Ejecutivo es libre para decidir por cualquiera de las personas en que recae el nombramiento, en eso no tengo nada que ver, no tengo motivo para bajar la candidatura” Y agregó que “aquellos que cuestionan o quieren hacer una relación con casos que quieren vincular (como Caval), aquel caso no lo he visto hace más de dos años”.

Mientras que el jefe de la cartera de Justicia señaló que “en estos tiempos de escándalos y sensacionalismos, mi dilema fue que, respecto de cualquiera de los indicados, era fácil urdir tesis de tráfico de influencias, presiones indebidas o pago de favores”.

Y en ese sentido se preguntó: “¿A quién podía nombrar en este caso? A una señora de apellido Chadwick, para que digan que me estoy tratando de arreglar con el nuevo ministro del Interior para el evento de que ella sea pariente de él, a un señor de apellido Ortega, que es defensor regional y por ende funcionario de una institución dependiente del ministro de Justicia o a un señor de apellido Toledo, que hace ya bastante tiempo que trabaja en la Fiscalía en Santiago y que hace unos años atrás fue fiscal en Rancagua”.

 

Noticias Relacionadas