“Toda corrección o enmienda que permita clarificar cómo va a funcionar la ley de interrupción del embarazo es positiva. Hay que ver en qué va a consistir”, dijo el diputado socialista y presidente de la Comisión de la Cámara, Juan Luis Castro.
El legislador (PS) plantea: ¿Qué sucedería si múltiples clínicas pudieran eventualmente adherirse a la objeción de conciencia y estuviesen recibiendo desde el sistema privado, pacientes derivados del sistema público por derivación, en objeción de conciencia?”.
Castro puntualizó que “si fuese así, que desde el sistema privado se recibieran pacientes derivados del sistema público, estaría sobreponiéndose el principio rector, que es que instituciones privadas para enfermos privados, hagan uso de tales efectos, pero no que por un lado reciban recursos públicos y por otro se acojan a la objeción de conciencia”.
Castro enfatizó que “esto, a mi juicio, debiera pasar por el Congreso, porque es una materia de alta sensibilidad que significa un financiamiento muy alto. Lo lógico es que no pueda haber una situación dual, en que el mundo privado se acoja a reglas que son propias, pero a la vez siga recibiendo financiamiento estatal en sus prestaciones”.
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