La pomposa frase “la instituciones funcionan”, con que se pretende acallar las críticas frente a un mal funcionamiento del Estado y al incumplimiento de su obligación esencial de proteger la seguridad ciudadana, está siendo desmentida categóricamente por los porfiados hecho.
Hemos recalcado en numerosas columnas anteriores que la Constitución Política de la República impone al Estado la obligación de “dar protección a la población” (artículo 1°, inciso 5°), de suerte que todas las instituciones que tienen un rol que cumplir a su respecto, deben acatar el mandato del constituyente, que es el pueblo soberano.
También repetimos, una vez más, que no se cumple con el Estado de Derecho si quienes nos gobiernan, no dan cumplimiento a lo anterior, por razones ideológicas o políticas, en el mal sentido de la palabra, permitiendo conductas contrarias a derecho sin que se aplique el rigor de la ley, generando una sensación de impunidad que es caldo de cultivo de la delincuencia y el terrorismo.
La situación que estamos viviendo es francamente penosa: El Ministerio Público está fracasando de una manera estrepitosa en la persecución del terrorismo, sistemáticamente ha perdido un caso tras otro, los imputados salen absueltos, los delitos están acreditados y a la vista, y los hechores no son identificados ni castigados, lo que demuestra una completa incompetencia. La policía uniformada está obrando de una manera completamente artesanal, recurriendo a civiles autodidactas para sus labores de inteligencia, lo que es candoroso. Los jueces no han estado a las alturas, y han dado manga ancha con resoluciones profundamente equivocadas y contrarias al interés social. Las Agencia Nacional de Inteligencia reproduce lo que lee en la prensa. El gobierno, a través de un mal Ministro del Interior y Seguridad Pública, para quien todo está muy bien, no ha sido capaz de organizar adecuadamente la labor persecutora del Estado contra el delito y el terrorismo. En la llamada “Operación Huracán”, luego de una completa pasividad, sin impulso alguno de las acciones penales, ahora rasga vestiduras y pide que se deje sin efecto un sobreseimiento en el cual tuvo directa responsabilidad por su negligencia. Un caos completo.
Chile camina a pasos agigantados hacia el Estado impotente. Y este mal Estado, en el cual las instituciones no funcionan, nos cuesta a los contribuyente miles de millones de dólares.
¡Que el Señor nos pille confesados!
Mario Barrientos Ossa.
Abogado.
Magíster en Derecho U. de Chile.
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