Se dice que en las cárceles chilenas muy pocos (o nadie se rehabilita), y aunque muy pocos lo saben y lo entienden, el fin de la pena (o la condena) tiene un sentido resocializador o re educativo, por eso se manda a gente a la cárcel y no por pura y mera venganza que es el fin que vulgarmente se le atribuye a una condena.
En el país existen 40 mil personas cumpliendo condena bajo encierro efectivo en diversas cárceles del sistema. 100 mil en otras modalidades de libertad bajo control de Gendarmería. Imagine luego que de los encerrados, la mitad se rehabilitara, el impacto que significaría para la paz y seguridad ciudadana seria formidable.
Es por eso, por el gran negocio que significa en términos sociales y económicos, que se debe redoblar y multiplicar el esfuerzo hacia un sistema de cárcel escuela, taller, centro de estudio y trabajo en definitiva con programa educacional y de rehabilitación en materia de drogas y consumo de alcohol.
Cárceles como las de Peumo o Rengo, que con todas sus precariedades son mejores que las de Santiago o Rancagua, por nombrar esas gigantes moles inhumanas y enajenantes.
La actuales cárceles en el país están diseñadas para sostener el circulo vicioso de indignidad, trato cruel que en lugar de aportar a la seguridad ciudadana la empeoran devolviendo a la postre a la sociedad sujetos más violentos y degradados que aquellos que llegaron a cumplir una condena.
Si países como Holanda y Noruega tienen éxito en materia de control de la delincuencia es que entienden esa premisa básica, un peso gastado en rehabilitación y reeducación del individuo condenado es ahorrar 100 en policías, sistema judicial, fiscalía, defensoría etc. Ni que decir del dolor y la tragedia de las victimas futuras.
Cuando las Fiscalías Judiciales entregan a la Corte Suprema por enésima vez un informe en que se señala que las cárceles chilenas son indignas y carentes de servicios básicos, así como denuncian la ausencia de programas educativos y de rehabilitación, se escuchan voces que aplauden que así sea bajo la argumentación medieval de que esa gente no está allí vacacionando.
Pero a quienes les importa de verdad el problema de la delincuencia y sus causas ven con preocupación que 40 mil condenados sin posibilidad de resocialización no es una cifra para aplaudir pensando en lo que pasará mañana.
Hay por cierto demasiados mitos y usted verá esa tontera en la redes sociales en que se pide que se obligue a los presos a trabajar para pagar sus gastos, bueno, si se hiciera de verdad una campaña los primeros que firmarían serian esos 40 mil condenados que quieren trabajar pero no tienen donde ni como, quieren estudiar una carrera técnica o una capacitación laboral, quieren y anhelan un programa de rehabilitación de drogas, en fin, quieren y piden rehabilitarse pero no pueden.
Alberto Ortega
Defensor regional de O´Higgins
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