Siguen las repercusiones a raíz de las irregularidades detectadas en el Programa Familia, de la dirección regional del Fosis, desde donde se confirmó la existencia de más de 300 casos en los que se habría duplicado información, por parte de una funcionarias de este organismo público.
Según reconoció el director regional del Fosis, Felipe Osorio, esta situación habría afectado a familias provenientes de 11 comunas de la región de O’Higgins.
Desde el servicio público reconocen que una vez conocida esta información, en diciembre de 2017, Fosis inició un sumario interno para determinar responsabilidades. En este sentido, el senador UDI, Alejandro García-Huidobro, busca ir más allá para aclarar esta situación.
En este sentido, el parlamentario acudió el pasado viernes hasta el Ministerio Público donde dio a conocer la información que maneja al respecto, a fin de que se investigue si existió en este caso el delito de falsificación de instrumento público.
Asimismo, durante la jornada de este martes, el senador UDI llegará a Contraloría para que “se haga una investigación completa, no solamente a este programa, sino que a todos los programas que está desarrollando el Fosis”.
Además, García-Huidobro solicitará “que se investigue el año 2017 y los anteriores, porque me pregunto si esta situación impresentable no ocurrió años anteriores también”.
El parlamentario espera que Contraloría «haga lo antes posible esa investigación”, ya que según explica, “el programa Familia es de apoyo a los más vulnerables y estar actuando de esta forma, es de una irresponsabilidad absoluta”.
Para el senador, “aquí hay una responsabilidad directa de la Seremía de Desarrollo Social, de donde depende el Fosis y ellos son quienes tienen que fiscalizar eso”.
De igual forma, a juicio de García-Huidobro, las responsabilidades recaerían en el Fosis, como órgano ejecutor del programa: “Me gustaría saber qué es lo que hizo el director para impedir esto, qué sistema autónomo tiene de fiscalización”, reclamó.
Por otro lado, el parlamentario cuestiona el hecho de que las autoridades que tuvieron conocimiento de esta situación en el pasado no entregaran antecedentes a la justicia, ya que, según explica el senador, “cualquier funcionario público está obligado a entregar esta información al Ministerio Público para una investigación”.
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