Defensor Público explica las razones para no restablecer la pena de muerte en Chile

Publicado el 14 febrero, 2018 Por Carla Dinamarca Miranda

El debate se planteó por casos como el de Sophia, en Puerto Montt; y el secuestro y violación de una niña de 10 años en Rancagua.

En 2001, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, Chile derogó la pena de muerte. Reemplazando en la legislación chilena ese castigo por el presidio perpetuo calificado.

Sin embargo, el debate en la materia volvió a tomar fuerza tras una serie de casos que han afectado a menores de edad. Por ejemplo, el de la pequeña  Sophia, lactante que murió en manos de su padre en Puerto Montt, que se suma al secuestro y violación de una niña de 10 años en la comuna de Rancagua este fin de semana.

El argumento de quienes buscan restablecer la pena de muerte se sustentaría en endurecer las penas contra quienes cometen delitos contra menores. Pero qué tan factible es, teniendo en cuenta que existen tratados internacionales que van en la dirección contraria.

“Chile no puede restablecer la pena de muerte a riesgo de violar una obligación de carácter internacional”, aclara el defensor jefe de Rancagua, Roberto de los Reyes.

El abogado insiste: “Chile podría, en un acto ciudadano y de soberanía, restablecer la pena de muerte, pero con un riesgo de incurrir en responsabilidad  internacional. Por eso creo que las palabras del futuro ministro de Justicia (Hernán Larraín), de señalar  que en esta  materia no hay vuelta atrás, fueron muy afortunadas”

Chile derogó la pena de muerte en democracia para adecuar su legislación a un tratado vinculante, la convención Interamericana sobre Derechos Humanos, llamado pacto de San José de Costa Rica. “Ese tratado consagra el derecho a la vida y, desde ese punto de vista, se establece una obligación a todos los Estados a adecuar su legislación a derechos y garantías de los ciudadanos”, explica de los Reyes.

Según asegura el abogado, en estos casos de crímenes violentos, que involucran a niños, aumentar las penas no lograría un cambio de conducta de los agresores. “Concuerdo con la opinión ilustrada del punto de vista dogmático de los estudiosos del Derecho Penal, que la herramienta de aumentar la sanción en este tipo  de delitos no va a garantizar necesariamente que se cometan en menor medida”.

Pese a esto, recordó que actualmente la legislación contiene normas que agrava las penas cuando hay niños involucrados, por ejemplo, en casos de abusos sexuales contra menores o un homicidio de un niño a cargo de un adulto donde también la pena se incrementa por los agravantes.

Al respecto, puntualizó que “se contemplan penas muy altas para este tipo de delitos que hemos tenido lamentablemente que conocer este fin de semana, que conmocionó a todo el mundo. Las herramientas penales están y donde sí hay que poner el énfasis y quizás ahí legislar, mejorar y perfeccionar, es en las herramientas de investigación penal para esclarecer estos delitos”.

A juicio del defensor, es necesario disponer de recursos policiales especializados que cuenten con laboratorios criminalísticas donde se haga un tratamiento adecuado y que haya elementos que permita de manera irrefutable establecer las responsabilidades de las personas que cometer estas conductas.

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