Senador Letelier apoya causa que obligó a ex candidato a alcalde de San Fernando a iniciar huelga de hambre

Publicado el 26 enero, 2018 Por Equipo de Corresponsales

El también ex concejal Mario González tomó esta medida porque exige cambios en la legislación para ayudar a su hijo adicto a la pasta base.

Esta semana, el ex candidato a alcalde de San Fernando, Mario González, inició una huelga de hambre a raíz del drama que lo afecta. Su hijo de 23 años es adicto a la pasta base, y la ex autoridad exige la creación de una ley de salud mental que permita iniciar un tratamiento de rehabilitación de drogas para un familiar, aun cuando sea mayor de edad.

Una situación que fue abordada en la Cámara Alta. El senador Juan Pablo Letelier (PS) visibilizó ante sus pares el drama que vive el ex candidato a consejero regional por Colchagua, y se sumó a la demanda de cambiar la actual legislación.

El parlamentario por la región de O’Higgins aseguró que “el consumo de pasta base, lo que ha hecho el narcotráfico como una agresión a nuestra sociedad, está destruyendo a miles de familias en nuestro país”.

En ese sentido, recalcó que “no existe la forma que una familia logre internar a ese hijo o familiar enfermo que está sufriendo una patología. No hay forma de internarla para un tratamiento y es más, no hay forma de garantizar para esa persona -que es un peligro para la sociedad y sus familias- que se someta a un tratamiento de forma obligatoria”.

El senador señaló que “tan trágico es, que el mejor camino para que el hijo de una familia que está padeciendo este flagelo (pueda) acceder al tratamiento, es que lo metan preso”, ya que así, a través de Gendarmería tendría la opción de ingresar a rehabilitación, lo que el parlamentario considera “un contrasentido”.

“Son miles de jóvenes, por no tener acceso a un tratamiento ni que las familias los puedan obligar a que lo internen (…) que por sus patologías cometen delitos, los terminan mandando a la cárcel, donde no deben estar, deben estar en un tratamiento”, insistió.

Tras esto, solicitó al Ministerio de Salud “que nos puedan entregar los datos de dónde hay centros cerrados para tratamiento obligatorio, cuántos cupos hay”.

Además, pidió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia que “vea si la única fórmula para internar a una persona adicta que no quiera voluntariamente ingresar a un servicio cerrado de tratamiento (…) es que tengamos que cambiar la ley (…) para que la familia pueda obligar a una persona mayor o un tribunal de mandar a hacer un tratamiento para que no tengamos que seguir viendo el absurdo de que tiene que delinquir o terminar preso para tener un tratamiento”.

 

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