Hasta la Contraloría concurrió el senador Alejandro García-Huidobro (UDI) con la finalidad de solicitar a la contralor general de O’Higgins que se “revise y enderece conforme a derecho” el aumento de grado a 35 funcionarios del Servicio de Salud O´Higgins.
Según señala el escrito presentado a Contraloría en diciembre de 2017, en la dirección de Salud de la región de O’Higgins «dictaron resoluciones exentas en 15 hospitales, en las cuales les otorgan a diversos funcionarios de dicha repartición abruptas subidas de grado, los cuales ascienden a 35 funcionarios, en total desmedro de la red asistencial».
La investigación solicitada se funda sobre la base de que dichos actos administrativos realizados por la Dirección de Salud de O’Higgins “infringen sendas disposiciones legales y reglamentarias que se oponen a los principios y normas legales”.
Respecto de la petición de investigar, según explica el senador García-Huidobro, “le pedimos máxima urgencia a la Contraloría con el fin de que pueda investigar a la brevedad esta situación”. Lo anterior, con la finalidad de que “podamos tener una respuesta concreta”, sostuvo el parlamentario.
En cuanto a este tipo de prácticas, el senador recalcó que “lo que hay que hacer es un traspaso como corresponde de un gobierno al otro y estar dejando personas apernadas no corresponde”.
En esta línea, el parlamentario plantea que los funcionados beneficiados con este aumento de grados “son personas que ingresaron por razones políticas y se están quedando justamente porque no tendrían otras alternativas de trabajo”.
El documento revela un caso en particular «donde un facultativo que con solo 22 horas semanales pasó a obtener el grado de planta en la aludida institución sin concurso previo, vulnerándose con ello garantías de objetividad y transparencia».
Finalmente, el parlamentario solicita a Contraloría que “se anulen dichos actos administrativos, retrotrayéndolos a la etapa inicial” con la finalidad de que “la autoridad facultada para llamar a concurso enmiende sus actos administrativos”.
En este sentido agregó que “lo que corresponde es dejar esos cargos a disposición del futuro gobierno”.
En cuanto a si esta situación se pudiese detectar en otros organismos públicos de la región, el senador sostuvo que “espero que eso no ocurra», sin embargo, recalca que “cualquier hecho que no corresponde debe ser investigado por la Contraloría”.
Finalmente, según puntualiza el senador, “las responsabilidades las tiene que determinar la Contraloría General de la República”. No obstante añade que en este hecho “también hay responsabilidades políticas que obviamente el propio país y región es la que tiene que analizar”.
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