En noviembre de 2016 el Hospital Regional de Rancagua enfrentaba una crisis. 170 médicos habían anunciado que renunciarían si el director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso, se mantenía en el cargo, generando un conflicto al interior del centro asistencial. Finalmente esta situación se frenó con la renuncia del alto mando. Pero además, en ese período, la autoridad de Salud designaba a Sergio Zamorano director (s) del Hospital Regional.
A poco de asumir su cargo, tal como lo informaron en una rueda de prensa, se detectaron –sin actas ni auditoria de entrega- una serie de alteraciones en los registros de las listas de espera y de las patologías GES. Producto de lo anterior, se ordenó el 20 de diciembre una auditoria focalizada, verificando la existencia de discordancias y alteraciones en los procesos de registros y exceptuaciones de pacientes de ambas listas, lo que generó elevar la auditoria a un sumario.
En enero del 2017, con una oficina reorganizada y con directivos que ya no estaban en funciones, se notificó al Ministerio de Salud (Minsal) sobre las irregularidades, determinando uno de los primeros procesos instruidos sobre las lista de espera no GES: La destitución de una funcionaria, quien nunca ingresó datos de las listas de espera de las personas que aguardaban por operaciones o prestaciones de salud.
En medio de los sumarios internos del Hospital Regional, los parlamentarios Alejandro García-Huidobro, Issa Kort y Javier Macaya acudieron a la Fiscalía para denunciar la situación de las listas de espera de los pacientes de la región de O’Higgins, reuniéndose en ese entonces con el fiscal Emiliano Arias.
Investigación Fiscalía
Después de la presentación de los parlamentarios en la Fiscalía, a mediados de noviembre, el fiscal regional instruyó la incautación de documentos, fichas clínicas y computadores del Hospital Regional de Rancagua.
De este modo, la fiscal a cargo del caso, Marcia Allende, busca determinar si este grupo de fallecidos fue por un retraso en su patología, mediante peritajes del Servicio Médico Legal (SML) y la ayuda de familiares que puedan aportar al caso, y así determinar un eventual cuasidelito de homicidio.
En tanto, una segunda arista penal está a cargo de la Policía de Investigaciones, quienes buscan establecer delitos administrativos, esto en relación al supuesto pago de bonos a funcionarios por la reducción de las listas de espera.
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