La Fiscalía Regional de O’Higgins, instruyó el pasado noviembre la incautación desde el Hospital Regional de Rancagua de fichas médicas de pacientes en listas de espera de las Garantías Explícitas en Salud (GES) y la lista No GES. También requisaron, entre otros documentos: liquidaciones de sueldo, correos electrónicos, dispositivos informáticos y discos duros.
Las diligencias se enmarcan en la investigación liderada por el Fiscal regional, Emiliano Arias, sobre la muerte de 16 personas que fallecieron estando en la lista de espera GES, cuyos casos fueron exceptuados, es decir, que no tienen registro en el sistema de otorgamiento de la prestación garantizada durante el año 2015, según consignó La Tercera.
Además se investigación incluye a otros 49 pacientes con enfermedades graves, como cáncer, que esperaban atención pero cuyos casos se cerraron administrativamente, sin recibir la atención médica necesaria, según señala una auditoría realizada por el Servicio de Salud de O’Higgins. La misma auditoría arrojo otras irregularidades, como pacientes con garantía GES que fueron exceptuadas del sistema por causas que no están consideradas en la ley. Este informe es la base de las indagatorias del Ministerio Público.
A estos antecedentes se suma un informe de la Contraloría General de la República a 23 hospitales, que señala que hubo pacientes que no fueron incluidos en las listas de espera No GES, debido a cambios administrativos de ingreso. En este punto, habría 36.000 pacientes derivados desde consultorios que no fueron enlistados.
La siguiente arista en la investigación indaga el presunto pago de bonos por cumplimiento de metas al registrar listas de espera con menos pacientes.
Otro informe de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud, señala que se indagó el deceso de 15 pacientes que esperaban con atención garantizada por ley, ocurridas en 2016.
La investigación tiene como objetivo, según consignó el medio cita, establecer relaciones de causalidad entre la falta de atención de un paciente y la muerte del mismo, o en caso contrario descartar la vinculación. Además de buscar confirmar si hubo uso indebido de recursos públicos por el pago de bonos.
Las diligencias del Ministerio Público buscan esclarecer si existen presuntos ilícitos como fraude al Fisco y cuasi delito de homicidio en el caso de los funcionarios que debieron contactar a los pacientes por patologías GES y que fallecieron esperando atención.
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