Ayer se conocieron los resultados de la PSU. En lo general, sin grandes sorpresas, ya que una vez más los mejores puntajes llegaron desde colegios particulares pagados. En O’Higgins, particularmente, cuatro son de este tipo de establecimiento y solo uno municipal. A nivel nacional la cifra abruma: de los 100 mejores promedios PSU, solo 4 establecimientos son públicos y dos subvencionados.
En cuanto a la brecha, el puntaje de colegios municipales en la PSU 2017 pasó de 469 a 474 puntos en Lenguaje; y en los particulares pagados subió de 593 a 597 en la misma prueba.
En tanto en Matemáticas, los municipales llegaron a 475 puntos; y los particulares pagados a 611.
Hay consenso en que la PSU no es un mecanismo que busque medir la calidad de la educación, por lo tanto, el análisis de sus resultados no deben ir en ese sentido.
La PSU es una prueba de ingreso a la universidad y su objetivo es seleccionar a aquellos con mejores resultados (puntajes) y así discriminar por el nivel de conocimiento del currículum escolar entre quiénes pueden ingresar a una determinada universidad y a qué carrera. En sí, regula la demanda en relación a la oferta en educación superior.
Eso sí, también resulta ser el reflejo de una sociedad altamente desigual. Y cuyos resultados –en su mayoría- tiene relación directa con la procedencia socioeconómica del alumno.
Una brecha entre municipales y particulares pagados que se mantiene en el tiempo, y que la PSU no es la encargada de resolver.
Una desigualdad que es el reflejo de un sistema educativo vulnerable, reflejo de una sociedad segregada.
Sin una política pública en serio, que permita a aquellos que no cuentan con un capital cultural enfrentar la PSU en las mismas condiciones con aquellos de mejor situación socioeconómica, la odiosa brecha entre municipales y particulares pagados seguirá siendo la misma.
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