Corte de Apelaciones acoge rebaja de multa a primer condenado por Caso Caval

Publicado el 20 diciembre, 2017 Por Carla Dinamarca Miranda

Se redujo de 116 a 70 millones de pesos la multa aplicada.

El pasado 25 de noviembre el Juzgado de Garantía de Rancagua condenó al primer imputado por el Caso Caval, y tras un juicio abreviado Juan Díaz –ex operador político de la UDI- fue sentenciado a cumplir diversas penas, una de estas una multa de $116 millones por el delito reiterado de soborno, y 10 UTA (unidades tributarias anuales) -equivalentes a 120 UTM a la fecha-, por el delito de facilitación de facturas falsas.

A casi un mes de la pena su defensa presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Rancagua para rebajar la multa interpuesta en primera instancia, acción que en un fallo unánime fue acogida por el tribunal de alzada integrado por los ministros Emilio Elgueta, Ricardo Pairacán y la abogada integrante María Latife.

De este modo, tras los argumentos de la defensa del imputado, se redujo de 116 a 70 millones de pesos la multa aplicada en la pena accesoria en el juicio abreviado. Entre las consideraciones de la Corte de Apelaciones para acoger la solicitud estuvieron las atenuantes aplicadas en la condena al operador de la UDI y el largo tiempo que permaneció en arresto domiciliario y que ameritan acceder a la rebaja solicitada.

“Atendido lo que se viene señalando y considerando especialmente que al sentenciado se le impuso por varios meses la medida cautelar de arresto domiciliario total, medida que necesariamente disminuyó su capacidad de generar rentas, asociado a lo que se señaló en el informe social efectuado, se accederá a la solicitud de rebaja planteada por la defensa, por concurrir todos los presupuestos que establece el artículo 70 del Código Penal, reduciendo el monto de la multa impuesta, sólo por el delito de soborno”, sostiene el fallo.

El ex operador político de la UDI fue condenado luego que la Fiscalía lograra acreditar sus gestiones para la modificación del plano regulador intercomunal a objeto de aumentar el límite urbano incorporando dentro de él los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, ubicados en la comuna de Machalí y pertenecientes a la familia Wiesner, los cuales pretendía comprar la empresa Caval.

Para esto promovió y logró que en el mes de agosto de 2012 ingresara a la Municipalidad de Machalí la arquitecta Cynthia Ross –también imputada- para  la confección de un estudio de capacidad vial y de un estudio ambiental estratégico.

Con estos antecedentes el magistrado Luis Barría condenó a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por igual lapso, en calidad de autor del delito reiterado de soborno; a 61 días de presidio como autor del delito de facilitación de facturas falsa, y 61 días de presidio en calidad de cómplice en el delito reiterado de ventajas indebidas del síndico.

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