Esta semana acudió a declarar a la Fiscalía el intendente de la región de O’Higgins, Pablo Silva. El motivo: aportar antecedentes a la investigación por presuntas irregularidades en el uso de recursos del Teatro Regional de Rancagua y que se extendió a los dineros recibidos por la Corporación de la Cultura y las Artes de la capital regional. Esto, luego que la Fiscalía conociera nuevos antecedentes en esta causa a raíz de los resultados del informe del perito contable del Consejo de Defensa del Estado.
Además del intendentes, trascendió que serán citados a declarar el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto; y miembros del directorio del Teatro Regional.
Los antecedentes aportados por el CDE, así como las nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía, resultarán claves para un caso que ha golpeado la fe pública. Nuevamente el correcto uso de los recursos se pone en tela de juicio, en medio de un clima de desconfianza generalizado que afecta al país.
Por ello, resulta fundamental la labor que está desarrollando el fiscal Sergio Moya, quien ha dado señales claras de garantizar una investigación seria, responsable, sin sesgos y fuera de todo tipo de presiones. Sin ir más lejos, fue este persecutor quien tomó la decisión de extender la investigación a los recursos recibidos por la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua.
Porque más allá de los cuestionamientos públicos que han surgido tras conocerse este caso, será la investigación de la Fiscalía la que permitirá determinar si dichos cuestionamientos o irregularidades son causales suficientes para iniciar una investigación formalizada en la que deban responder los responsables ante la justicia o, por el contrario, también aclarar si no hay indicios de delito en este tema.
Una investigación necesaria que toma otro rumbo con las pericias del CDE y la citación a declarar de la autoridades, pero que se hace necesaria para aclarar todas la situaciones que han empañado al Teatro Regional de Rancagua en el último tiempo.
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