Casi tres meses han pasado desde que los profesores de San Fernando pusieran fin a una paralización que afectó a cerca de 5 mil alumnos de 21 colegios municipales de la capital de Colchagua.
Sin embargo, hoy los representantes de los docentes manifiestan sus reparos a la labor que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha llevado a cabo en San Fernando.
Uno de los más críticos es el presidente del sindicato del Liceo Comercial, José Miguel Alarcón. A su juicio, “el Mineduc no está muy comprometido con cumplir los acuerdos que habíamos firmado en el acta original”. Incluso, acusa que desde el Ministerio de Educación «quieren que se siga dilatando para que se termine el año escolar”.
Uno de los acuerdos que hace mención el dirigente sanfernandino, es el nombramiento de un delegado ministerial que se encargaría de fiscalizar que los dineros asignados mediante Ley SEP lleguen efectivamente a los colegios.
Alarcón asegura que “de los 21 colegios a los que deben llegar recursos, hay solo cinco que los tienen aprobados porque supuestamente (los otros) presentaron mal los proyectos”.
Sin embargo, a juicio del representante de los profesores, “el delegado ministerial no tiene mayor fiscalización porque legalmente está impedido y al final, todo pasa por la voluntad de la Corporación Municipal”.
Opinión compartida por la presidenta del Colegio de Profesores de Colchagua, Patricia Valenzuela, quien enfatiza que “han manejado mal el asunto y echan la culpa de los retrasos de los recursos a los directores de los colegios, que no han mandado la lista”.
Cabe destacar que esos dineros serán utilizados para los proyectos de mejoramiento educativos que cada establecimiento haya determinado.
Por su parte, el presidente regional del Magisterio, Roberto Villagra, estima que «los dirigentes legítimamente están reclamando la lentitud en el proceso de solución al conflicto de fondo de San Fernando».
Rol del delegado ministerial
Otro de los aspectos cuestionados por los profesores es el rol del delegado ministerial. Ante esto, el dirigente del Liceo Comercial es claro: “Lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley y se nombre un administrador provisional para San Fernando”.
Patricia Valenzuela también plantea su visión: “Yo creo que ha cumplido con su papel, en el sentido que él trata de ser mediador. Lo que sucede es que como estas corporaciones son «privadas», él no puede meterse mucho”, plantea la dirigente.
«Estamos frente a una figura, que es el delegado ministerial, que más allá de sus buenas intensiones, son las facultades las que le faltan, las potestades legales que pueda tener para que efectivamente esto sea una intervención, más que una negociación», señala el presidente regional del Magisterio.
Roberto Villagra agrega que «lo que hay que hacer es la promulgación de la ley de Nueva Educación Pública y en ella aparece con claridad la figura del administrador provisional con todas las facultades que se están pidiendo para que efectivamente haya una intervención».
A raíz de estos cuestionamientos, los dirigentes se han reunido en una serie de oportunidad con representantes del Ministerio de Educación. La semana pasada lo hicieron con el jefe de la División de Educación General, Juan Eduardo García Huidobro; y el martes 31 de octubre con el delegado ministerial y el seremi, Hernán Castro.
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