En la sesión de ayer de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la ministra del ramo, Adriana Delpiano, aseguró que el Ejecutivo repondrá el aporte de gratuidad que la Ley de Inclusión establece para colegios municipales y subvencionados que no cobran copago. Este año, el monto debía ser reajustado de $8.300 a $10.700 por alumno, pero en un primer momento el presupuesto de la cartera no consideraba esta opción, ya que el gobierno había decidido “congelar” este aporte, manteniéndolo en 8 mil 300 pesos.
La situación generó inmediatas críticas de sostenedores y parlamentarios. Por ello, La Moneda se vio obligada a cambiar la estrategia y la ministra Delpiano fue la encargada de dar a conocer “la voluntad del Gobierno de reponer estos recursos”.
A pesar de esto, hasta el cierre de esta edición, aún no había claridad respecto de dónde se sacarían esos nuevos recursos para garantizar el aumento de la subvención de alumnos que estudian en colegios sin copago.
Eso sí, a pesar del giro que los Ministerios de Hacienda y Educación hicieron en este tema, no deja de llamar la atención la decisión que había tomado el gobierno, teniendo como precedente que esta reforma ha sido calificada como un pilar clave en la administración de Michelle Bachelet; y que el congelamiento de los recursos podría atentar contra el éxito de la iniciativa.
Un capítulo que deja un sinnúmero de interrogantes respecto a cómo se seguirá implementando la Ley de Inclusión en los próximos años; y si el gobierno que llegará en marzo contará con los recursos para ir cumpliendo con las etapas de una reforma que nació prometiendo calidad e igualdad; pero que al poco tiempo ya se ha visto entrampada en una compleja situación que puso en jaque no solo el cumplimiento de las promesas y lo que la legislación establece, sino que también puso en riesgo la entrega de recursos para brindar una mejor educación de miles de niños de colegios municipales y subvencionados del país.
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