El último estudio de Paz Ciudadana reveló cuáles son las comunas con mayores índices de victimización del país. Entre estas, Rancagua. Dato que viene a ratificar la compleja situación que hace un tiempo vienen denunciando comerciantes del centro y locatarios del Barrio Gastronómico; y que remece a las autoridades locales respecto al cómo se están haciendo las cosas.
Al mirar las cifras nivel nacional, el sondeo de Paz Ciudadana refleja además que del total de hogares que reconocen haber sido víctimas de robo o de intento de robo, solo se denunciaron el 55% de los casos.
Cifra que si bien mostró una leve alza respecto a octubre del año pasado (52%), revela que una parte no menor de chilenos muestra algún grado de desconfianza respecto al actuar de las instituciones cuyo rol es combatir la delincuencia.
Es más, el estudio de Paz Ciudadana revela que el 44% se sintió “insatisfecho” con el actuar de las policías tras haber realizado las denuncias luego de sufrir un delito relacionado con robo. En contrapartida, el 41% se mostró “satisfecho”. La sensación de los chilenos no es positiva respecto a la labor de la Fiscalía: el 65% se declaró “insatisfecho” después de denunciar.
Además, al ser evaluadas, según Paz Ciudadana la nota para Carabineros y la PDI cae respecto a octubre del año pasado. Y aunque la labor de alcaldes, Defensoría, Fiscalía, jueces, gobierno y parlamentarios ha manifestado una leve alza, la labor de estas autoridades sigue siendo evaluada con una nota roja, que va del 2,2 (en el caso de senadores y diputados) al 3,9 (de los alcaldes).
Datos que no deben pasar por alto, ya que merecen la atención necesaria de parte de las autoridades. Especialmente porque son un llamado de atención respecto de parte la ciudadanía en relación a la pérdida de confianza en parte de la instituciones cuyo rol es garantizar la seguridad de la población, lo que se ve reflejado al no denunciar. Lo anterior, deja una interrogante respecto a cuál es la real dimensión de la delincuencia en los últimos años, con una cifra negra que no reporta los ilícitos cuando es víctima, y que termina obviamente afectando el diseño de una política pública eficaz y focalizada en materia preventiva y de persecución criminal.
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