Se entiende por efecto perverso, en doctrina jurídica, aquél que produce la vigencia de una norma legal u otro precepto, que es negativo y que no fue previsto por el legislador o por quien dictó la norma. Lo perverso es el efecto negativo producido, no la norma misma.
Evitar el efecto perverso es una de las obligaciones y calidades que debe reunir todo gobernante o legislador, en eso se nota su talento, su capacidad, su objetividad, su estudio de los hechos y circunstancias, antes de dictar la norma o precepto respectivo.
La Técnica Legislativa no es el fuerte de nuestros legisladores, cuya preparación suele ser bastante escasa o inadecuada para el cargo. Y no hablo de formación profesional, porque en la Cámara de Diputados hay 40 abogados, y no se nota tamaña cantidad de profesionales en las normas dictadas. Son abogados de escritorio, con títulos muchas veces adquiridos en malas universidades, sin vocación jurídica. El senador Tuma se acaba de recibir de abogado, a una avanzada edad.
Ejemplos de los efectos perversos hay por doquier. Siguiendo a los talibanes que se preocupan de perseguir a los fumadores, en vez de hacerlo con los terroristas, se elevó considerablemente el impuesto al tabaco, creyendo candorosamente que eso haría disminuir el vicio del cigarrillo. Efecto perverso: un 19% del tabaco que se consume hoy viene sin pagar arancel, con lo cual se perjudica la industria nacional, se genera la creación de mafias de contrabandistas, aumenta la corrupción y el Fisco pierde dinero a manos llenas, porque se le escapan los aranceles aduaneros. Vea usted el Paseo Independencia, lleno de vendedores de cigarrillos contrabandeados.
Se dictaron leyes para beneficiar a los exonerados políticos, con la franquicia que bastaba que se certificara por alguien de razonable buena posición que el interesado había cesado por razones políticas en su cargo, para tener derecho a pensión. Los políticos tomaron esta veta como captura de votos y dieron la certificación a diestra y siniestra. Efecto perverso: conforme dictaminó la Contraloría General, hay más de $30 mil millones pagados a falsos exonerados, y lo que es peor, se siguen pagando mes a mes, por la inoperancia del gobierno de poner fin a esta corruptela incalificable.
Hay una casi infinita gama de efectos perversos producidos por malas leyes, improvisadas, votadas por gente no preparada suficientemente, con ideologismo o búsqueda de votos, o por no tener la firmeza de decir “no”.
Mario Barrientos Ossa
Abogado
Magister en Derecho U. de Chile
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