En representación de 346 familias de comunidades indígenas el abogado, Jaime Moraga, apelará en la Corte Suprema, argumentando inconstitucionalidad del acuerdo para el pago de 7 mil pesos a todos los chilenos mayores de 18 años tras la colusión del papel confort.
Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que le daba el pase para que se comenzara a gestionar el pago, el abogado insistirá en la inconstitucionalidad del acuerdo, el que fue calificado como «vergonzoso» por la entrega de siete mil pesos a comunidades rurales.
«No podemos llegar a consensuar un acuerdo sin saber los antecedentes sobre los cuales nosotros acordamos», añadió.
El directo del Servicio Nacional de Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, criticó la acción judicial, «ya es tiempo de que quienes están litigando innecesariamente en los Tribunales de Justicia dejen su actitud y que esta sentencia pueda ser favorable a los consumidores y podamos de inmediato proceder en el corto plazo a la implementación».
«Es una judicialización innecesaria, una judicialización excesiva de un tema que para nosotros está absolutamente zanjado», manifestó.
En tanto, el presidente de Odecu, Stefan Larenas, dio un estimativo de los plazos si es que la acción judicial sigue en curso, «si la presenta la Corte evacúa la admisibilidad o no en dos semanas, pero ya tenemos nosotros por lo tanto dos semanas de retraso. En el supuesto caso de que la Corte lo admita, ahí sí que tenemos para rato, cuatro o seis meses más».
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