Cerca de un 80% de los trabajadores del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes se encuentra en paro desde el 14 de septiembre, pues acusan a la cartera y a la propia ministra del ramo, Paola Tapia, de no preocuparse por la seguridad de los trabajadores que fiscalizan el Transantiago, el transporte ilegal y el transporte interurbano.
En medio de la controversia, un grupo de trabajadores de la VI Región solicitó el apoyo del diputado UDI Issa Kort, quien comprometió su intermediación con el Gobierno. “Creemos que es urgente que el Gobierno, y en particular la ministra Tapia, tenga la disposición de escuchar las demandas justas que están haciendo los fiscalizadores y que apuntan a dignificar su trabajo”, dijo el parlamentario.
Según explicó, “lo que nos han dicho los trabajadores es que durante el desempeño de su labor en terreno, sufren permanentes amenazas, agresiones físicas, verbales y psicológicas, no han recibido en los últimos años aumento en sus remuneraciones y tampoco han tenido las capacitaciones adecuadas, lo que se suma a la falta de personal sobre todo en regiones y una infraestructura insuficiente para acogerlos. Todo esto, no ha tenido una respuesta integral por parte del Ejecutivo”.
El diputado recordó que “hace pocas semanas causó gran impacto el caso de una fiscalizadora del Transantiago que fue atropellada después que la empujó un sujeto que evadía el pago del pasaje. Esos son los riesgos a los que se exponen los fiscalizadores y lo que piden son mayores medidas de seguridad”, puntualizó.
En este sentido, Kort hizo un llamado al Gobierno “a generar las instancias de diálogo correspondientes, que la ministra los escuche, que se pueda crear una mesa de trabajo para abordar esta labor de manera integral. De hecho, una de las peticiones de los trabajadores es que esto deje de ser un programa y pase a ser una superintendencia o dirección, por lo tanto, hay aquí que abordar esta problemática con una perspectiva de largo plazo”.
“Como miembro de la oposición, ofrezco toda mi disposición al Gobierno para evaluar los mecanismos legislativos necesarios para dar respuestas a los trabajadores lo que, en definitiva, permitiría mejorar su calidad de vida”, finalizó.
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