Este martes, los funcionarios de la salud anunciaron una paralización de actividades en todo el país. La región de O’Higgins se sumará a esta movilización y solo habrá turnos éticos en los consultorios. La medida se tomó para exigir a las autoridades mayores medidas de seguridad en su lugar de trabajo, a raíz de los diversos casos de agresiones –tanto física como verbal- que han sufrido algunos funcionarios de la salud en los últimos meses. Casos que salieron a la luz pública luego que un paciente agrediera a ocho funcionarios en el Cesfam de avenida Baquedano, en la comuna de Rancagua.
Una situación que ya ha hecho eco en las autoridades; y por ello se han implementado medidas de seguridad a corto plazo como, por ejemplo, botones de pánico que permitan el pronto actuar de la policía. Lo anterior si bien va en la dirección correcta, no será suficiente si este problema no es abordado desde una mirada integral donde estén presentes diversos actores -autoridades políticas, policiales y de salud- basado principalmente en detectar el grado de vulnerabilidad de estos recintos, su entorno y los riesgos que allí se generan.
Un análisis que permitirá detectar si un centro de salud determinado requiere de un trabajo permanente de las policías o, de lo contrario, requiere de medidas focalizadas, que no atenten contra el normal funcionamiento.
Un trabajo no solo enfocado en una respuesta oportuna en caso de que ocurra un incidente de este tipo, sino que también basado en la prevención. Se hace necesario trabajar además con el grupo humano que allí desempeña labores, no solo en el área salud, sino que además con personal administrativo y de seguridad, especialmente para saber cómo actuar en caso de crisis.
Los hechos de violencia no solo terminan afectando a quienes allí trabajan, sino que también a los usuarios, ya que estos establecimientos se vuelven lugares inseguros, tanto para los funcionarios de la salud como para el paciente que requiere de una atención digna y de calidad.
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