Editorial: El cierre de Punta Peuco

Publicado el 10 agosto, 2017 Por Equipo de Corresponsales

Aunque el gobierno no se comprometió con dar una fecha exacta para concretar el cierre del penal de Punta Peuco, sí aclaró que el compromiso de la presidenta Michelle Bachelet se hará realidad antes de que finalice su mandato. Es que la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, salió al paso de una publicación […]

Aunque el gobierno no se comprometió con dar una fecha exacta para concretar el cierre del penal de Punta Peuco, sí aclaró que el compromiso de la presidenta Michelle Bachelet se hará realidad antes de que finalice su mandato. Es que la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, salió al paso de una publicación que aseguraba que el cierre se concretaría en septiembre próximo.

Una decisión que, como se esperaba, no ha pasado inadvertida y que ha generado múltiples reacciones que revelan que este es un tema que sigue polarizando al país.

Por un lado, se cuestiona al gobierno de “sed de venganza” y de ceder a ideologías y presiones políticas. Mientras que el oficialismo pide fin a los “privilegios” de estos condenados.

Más allá de los cuestionamientos o los aplausos, la decisión de cerrar Punta Peuco se debe fundamentar ante la opinión pública en términos jurídicos como, por ejemplo, igualdad ante la ley, especialmente por la gravedad de los delitos por los que han sido condenados. Este fue precisamente el argumento que dio Sebastián Piñera cuando decretó el cierre del penal Cordillera.

Una decisión que sin duda puede estar influenciada porque una parte importante de la sociedad chilena cuestiona ciertos privilegios que tendrían  quienes hoy se encuentran privados de libertad en ese penal.

Claramente este tema refleja que hoy, a casi 30 años del plebiscito del Sí y el No, aún existen heridas abiertas y posturas polarizadas casi irreconciliables.

Eso sí, existe un punto de encuentro en la sociedad chilena: nadie quiere que las violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir en este país.

Y en este caso, es el Estado el que debe dar señales inequívocas en este sentido. Porque este tema no solo se debe enfrentar en materia jurídica, a través de una sentencia condenatoria; sino que la sociedad exige también una decisión moral y ética en temas de estas características.

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