Tres querellas por el delito de falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos fueron presentadas el pasado mes de febrero por ex funcionarios de la municipalidad de Graneros en contra del alcalde de la comuna, Claudio Segovia, y quienes resulten responsables.
En las últimas semanas, el Consejo de Defensa de Estado (CDE) se sumó a la investigación, presentando una querella, ya que a su juicio se habría constituido “fraude en perjuicio del Estado”. Acción judicial que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Graneros.
La investigación se generó luego una denuncia interpuesta por tres ex trabajadores del municipio. Ellos aseguran que se les habría exigido iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para emitir boleta de honorarios para cancelar sus sueldos. Para eso, el edil habría instruido a un funcionario del municipio a realizar el trámite, quien luego se habría quedado con las claves de acceso, con el fin de emitir las boletas mes a mes.
Los funcionarios recibieron sus remuneraciones de manera normal. No obstante, a raíz de los innumerables casos que salieron a la luz pública sobre la presentación de boletas ideológicamente falsas, los trabajadores manifestaron sus dudas.
Ante la situación, los tres ex trabajadores recurrieron al SII a solicitar el listado de boletas emitidas, donde advirtieron la presencia de documentos hechos al municipio de Graneros que ellos aseguran no habrían entregado y que, además, no les habrían sido pagados.
“Esas boletas fueron emitidas sin mi conocimiento y sin mi consentimiento, por lo que las personas que lo hicieron falsearon la información, haciendo parecer que yo emitía boletas de honorarios y, además, se quedaron con dineros provenientes directa o indirectamente del municipio de Graneros”, expresaron los afectados en su querella.
El Consejo de Defensa del Estado, en su presentación ante el Juzgado de Garantía de Graneros, estima que, una vez analizado los antecedentes, existiría un “delito consumado de fraude al Estado, cometido por los empleados públicos cuya participación puede determinarse en sede investigativa”.
Asimismo, el texto detalla que “estimamos autoría directa respecto de todos los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones defraudaron o consintieron defraudar al Estado-Fisco”.
Desde el CDE exigieron al Juzgado que se instruya a la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar “los funcionarios que al interior de la Municipalidad de Graneros pudieron tener participación o conocimiento” de los hechos.
Además, entre otros aspectos, solicitan que la PDI realice una pericia contable a los movimientos y transacciones que hayan resultado como consecuencia de la emisión de boletas.
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