Empleados públicos exigen un 6% de reajuste: “Es acorde al contexto económico del país”

Publicado el 13 Julio, 2017 Por Patricio Hernández

Las negociaciones entre los gremios y el gobierno se adelantarán, producto de las elecciones de noviembre.

Con el objetivo de no trabar las negociaciones para el reajuste salarial de los trabajadores de las diversas reparticiones del Estado, los dirigentes de los distintos gremios que forman parte de la Mesa del Sector Público ya comenzaron a evaluar las exigencias que harán al gobierno de cara al 2018.

Si bien durante años anteriores la tónica era realizar el proceso de negociación durante los meses de octubre y noviembre, este año, a raíz de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales -que se realizarán el próximo 19 de noviembre-, los empleados públicos tomaron sus resguardos y ya comenzaron las conversaciones para sentarse a negociar y no extender la discusión hasta más allá de agosto.

En ese sentido, tras las reuniones entre los dirigentes de las 15 organizaciones que componen la Mesa del Sector Público, los trabajadores anunciaron que solicitarán un reajuste salarial para el año 2018 del orden del 6%, cifra inferior a la analizada en primera instancia, donde los trabajadores habían estudiado la opción de exigir un 7,5% de aumento salarial, mismo aumento que habían solicitado durante 2016.

La petición del 6% fue confirmada por el presidente de la Corporación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, quien aclaró que la cifra solicitada al gobierno para el 2018, está dentro de los rangos económicos actuales y recalcó que el 6% “es acorde al contexto económico del país”.

Duras negociaciones en años anteriores

El año 2016, los funcionarios públicos exigieron al gobierno un reajuste del 7,5%, lo que fue rechazado por el gobierno y rebajado duramente hasta el 3,2%, generando la molestia entre los dirigentes sindicales, quienes calificaron en duros términos a las autoridades, incluso increpando a los ministros en el Congreso Nacional, en plena discusión del proyecto.

Similar situación ocurrió en 2015. En la ocasión, los funcionarios públicos recibieron un incremento salarial del orden del 4,1%, no obstante, el proceso no estuvo exento de polémica, esto debido a que el gobierno, tras no llegar a acuerdo con los trabajadores tras una serie de reuniones, decidieron presentar directamente su propuesta en el Congreso, por lo cual el aumento se aprobó sin el consentimiento de los gremios.

 

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